Para quienes aún tenían dudas sobre el boquete que hay en el erario y que el gobierno echará mano de donde sea para sacar recursos, les presentamos la triquiñuela que hace la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados: ya aprobó diversas modificaciones a la Ley Federal de Derechos que afectan al sector minero.
Haga cuentas. Ninguno de los proyectos heredados son productivos o prometen serlo: Tren Maya, AIFA, refinería Dos Bocas, la cancelación del NAIM más los compromisos en apoyos sociales.
Las arcas nacionales necesitan recursos y hay que conseguirlos prácticamente a cualquier costo, por eso empieza a escucharse la voz del clásico: “ya se la saben, nada de morralla”.
Entre las modificaciones a la Ley Federal de Derechos está el incremento de 7.5 a 8.5% del Derecho Especial sobre Minería y de 0.5 a 1% el Derecho Extraordinario sobre Minería.
Si ya el futuro para los mineros pintaba poco esperanzador, por aquello de que la industria ha visto reducidas sus aportaciones e inversiones por la falta de nuevas concesiones y la limitación en la exploración, así como la sobrerregulación y el terror de los cambios en el régimen legal, ahora súmele que el gobierno pretende que los mineros se mochen sin importar las consecuencias.
De por sí las cosas no están tan bien en seguridad jurídica o pública y encima hay más cobros. La propia Cámara Minera de México ya alertó sobre dicho aumento a los impuestos y nuevas disposiciones legales, que podría bloquear más de 6,900 millones de dólares en inversiones por los próximos dos años.
También dijo que con una carga fiscal total del 52.68%, nuestro país ya está en desventaja frente a otros países mineros de la región como Chile, Perú y Canadá.
Por su parte, la SHCP tiene una idea muy particular al respecto, pues considera en su proyecto de presupuesto para 2025 que: “El sector minero es un sector robusto que obtiene importantes beneficios económicos a partir de la explotación de minerales y sustancias propiedad de la Nación”.
Por otro lado, algunas voces, como la del morenista José Narro y Patricia Flores, de MC, de Zacatecas y Durango, respectivamente, abogan porque dichos recursos sean verdaderamente utilizados para mitigar los efectos ambientales de la minería al medio ambiente y en las comunidades próximas a las operaciones. Pero sucede que los estados mineros suelen ser precisamente los menos beneficiados.
Vaya que ya nos la sabemos, pues el gobierno demostró ser mal administrador del Fondo Minero porque se sigue ensanchando, pero nadie sabe a quién está beneficiando. Por eso, más vale esperar sentados: los resultados serán poco claros, como siempre. Usted juzgue.
A cielo abierto
1.- Pues nos dicen que la Segunda Sala de la SCJN le otorgó un amparo a los trabajadores del sindicato minero que le siguen reclamando a Napoleón Gómez Urrutia el pago de 55 millones de dólares por el cierre de Cananea. Le va a juntar todos los juicios que hay al respecto, en una de esas mejor se regresa a Canadá porque acá nadie lo quiere.
2- Nos dicen que no hay empresario más feliz que Alonso Ancira, el ex dueño de AHMSA, porque con la quiebra de la empresa, provocada por el mismo gobierno de la 4T ya no le tienen que pagar nada y no la pueden tocar ni con el aviso de una requisa por lo que los 100 millones de dólares que faltan por pagar se quedan en el aire. Ancira, nos dicen, sigue viviendo en Texas y legalmente no es su problema aunque, se sabe, se mantenía al tanto de la empresa.