La consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación no puede entenderse únicamente como una victoria electoral en nuestra democracia. Debe asumirse como resultado de una lucha permanente del pueblo en los planos ideológico y de programa de gobierno, que se instrumenta en la reivindicación de la soberanía nacional y el reconocimiento de que los derechos humanos no son mercancías.

La reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que actualmente se está discutiendo en el Congreso federal, representa en sí misma un cambio de paradigma ante las políticas neoliberales que se institucionalizaron en este país desde la década de los 80 del siglo pasado, y que terminaron mercantilizando los bienes públicos y las empresas propiedad del Estado.

Con este cambio constitucional se modificará el concepto de “empresa productiva del Estado” por “empresa del Estado” responde a la necesidad política y de política pública (polity y policy) de trascender un concepto neoliberal que hizo de la obtención de utilidades el principal motor de las industrias estratégicas, dejando de lado la responsabilidad social del Estado y su obligación de garantizar la accesibilidad a los servicios públicos como la electricidad.

Establecerá que las empresas públicas deberán tener como un principio la garantía de la justicia social, incorporando que no podrá haber prevalencia de las empresas privadas de la industria eléctrica sobre la empresa pública del Estado, es decir, la Comisión Federal de Electricidad, que es la garante del servicio público de electricidad.

Además, que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tengan el objetivo de preservar la seguridad y la autosuficiencia energética; proveer el servicio eléctrico al menor precio posible, y que el servicio público de internet no constituirá un monopolio porque será un área estratégica y exclusiva del Estado.

Como integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República, he estado pendiente del proceso legislativo de esta iniciativa presidencial, la cual contó con el aval de 353 diputadas y diputados para su aprobación por mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esta reforma constitucional es una respuesta del pueblo a los efectos adversos de la reforma energética de 2013, la cual voté en contra como diputada federal de la LXII Legislatura; así como a la obstaculización del Poder Judicial a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de hace unos años.

En un Estado de bienestar cualquier cambio constitucional debe priorizar la salvaguarda de los derechos humanos y la soberanía. Es importante asumir el acceso a la electricidad como un derecho humano, porque de ella depende el desarrollo de las personas y la economía del país. En cuanto a las industrias estratégicas, la soberanía no solo implica garantizar el acceso a los recursos, sino que el Estado cuente con la capacidad de decidir cómo utilizarlos racional y eficientemente en beneficio de la población.

La perspectiva social y soberana que están recuperando empresas públicas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, tendrá un impacto positivo en el corto plazo. Prueba de ello es el convenio suscrito este año entre esta última empresa y el Gobierno de Sonora, para ampliar el periodo de subsidio de las tarifas eléctricas durante el verano beneficiando a los hogares de 64 municipios del estado con la tarifa 1F, incluidas localidades que antes no eran favorecidas.

La única forma de lograr que los bienes de la nación sean de acceso público es preservando la propiedad del Estado sobre ellos. Por el bien de México, ¡soberanía nacional y derechos para el pueblo!