Ante la crisis civilizatoria que vivimos en el mundo, la perspectiva de género y la inclusión de las mujeres se fortalece en mí como la solución para enfrentarla.
Hay una certeza que a lo largo de mi trabajo, reflexiones y estudios se ha fortalecido: el paralelo entre cuerpo y territorio.
Como feminista tengo claro que el cuerpo de las mujeres es donde se dirimen las luchas, las carencias, las violencias, los cuidados, el sentido de lo comunitario de una ciudad.
Y como mujer que ha luchado y trabajado desde el espacio político, entiendo que es en el territorio donde se cristalizan esos anhelos e ideales: consolidar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; abatir la pobreza extrema, el hambre, el analfabetismo, las enfermedades y muertes prevenibles; para garantizar un desarrollo sostenible, para pacificar la vida comunitaria.
La pandemia, cuyos estragos aún vivimos en carne propia, ha estrechado este paralelismo entre territorio compartido bajo nuevas reglas sanitarias, el espacio doméstico que ha sido la resistencia ante esta crisis mundial, y los cuerpos confinados.
En esta encrucijada mundial, las mujeres hemos reivindicado lo que ya sabíamos y hemos señalado: nuestros cuerpos son espacios de resistencia. Ahora con mayor claridad podemos mostrar que lo que atraviesa al cuerpo impacta en lo comunitario; y lo que sucede en el espacio común repercute en el cuerpo.
Gran parte del trabajo legislativo que tuve el honor de realizar entre 2018 y 2021 tenía este paralelismo como un punto de conciencia constante: eso que se proponía, analizaba, discutía, decidía en el espacio parlamentario, ¿cómo se implementa en el territorio común, compartido? ¿Cómo se hace realidad en los cuerpos de las personas concretas, con sus historias únicas y sus circunstancias particulares? Estas preguntas nos hicieron abrir muchos diálogos, parlamentos abiertos, foros, mesas de trabajo y análisis.
Ahora que tengo la responsabilidad de trabajar para el desarrollo social de Sonora, tengo el privilegio de ver que todo aquello que se legisló desde el Congreso de la Unión tiene en lo estatal y en lo local un territorio para construirse. Y que aquello que no era facultad del poder legislativo, desde el ejercicio gubernamental puede apuntalarse a través de políticas públicas.
¿Qué programas y políticas públicas podemos impulsar para reconstruir los espacios reales y simbólicos? ¿Cuáles otros debemos trazar para una relación y vivencia distinta del espacio común, de tal manera que reduzcamos con ello tanto la violencia de género, como la violencia social (que están ligadas), así como la violencia al ambiente, al paisaje, a los recursos naturales de nuestro municipio, a sus ecosistemas, a las economías locales?
Es así como en el llamado a un proyecto de transformación veo con claridad que la inclusión y la justicia social se trabaja en el territorio común, público, como un hecho ligado a la perspectiva de género.
Hablar de inclusión social es despatriarcalizar las estructuras sociales que marginan, segregan y excluyen a las y los sonorenses. Hablar de justicia social es también despatriarcalizar los sistemas que oprimen, acosan, violentan, generan asimetrías y desequilibrios.
Algo que en lo legislativo podía parecer abstracto, hoy en el territorio esos saberes y avances pueden hacerse realidad: fortalecer comunidades a la medida de la persona; espacios de cohesión social que alienten redes de apoyo y entornos colaborativos; sociedades que crezcan y se desarrollen desde la igualdad y la creatividad.
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