Existe una prolongada lucha de las mujeres por el ejercicio de derechos plenos e igualdad de oportunidades para poder participar en el ámbito público. En especial, han encabezado esta lucha las mujeres que son madres, quienes han demandando a los estados-nación alternativas de cuidado y protección integral de sus hijas e hijos.
Si bien como movimiento primero hemos reclamado nuestro derecho a participar como mujeres en ese espacio público, antes de luchar por una conciliación entre este ejercicio público y la maternidad, esta lucha no se debe circunscribir a mujeres madres, pues nos atraviesa como sociedad, y en especial porque implica la corresponsabilidad de comunidad y Estado, a favor de los derechos de las infancias.
El derecho de las niñas y los niños a desarrollarse integralmente implica varias dimensiones. Por eso no podemos limitar a estrategias informales los cuidados infantiles, que tienden a recaer en miembros de la familia. Pero es también en este ámbito doméstico donde se generan accidentes, omisiones, abuso sexual, entre otras problemáticas que padecen las niñas y niños.
Por ello se requiere de una política pública sostenida, y que el Estado no renuncie a su responsabilidad en esta misión.
Actualmente está pendiente una reforma en el Senado de la República en materia de Derecho al Cuidado. Se trata de la reforma constitucional a los artículos 4 y 73, para la cual promovimos desde la Legislatura pasada, con la visión e impulso de Patricia Duarte y José Francisco García, la aplicación de la Ley 5 de Junio en materia de cuidados.
En Sonora además se vive una situación peculiar. Hay un crecimiento sostenido de los hogares con jefatura femenina (actualmente es del 34%, encima de la media nacional). Al no contar con políticas de cuidados, se duplica o incluso triplica la dificultad que enfrentan las mujeres que son madres, para desarrollarse laboralmente, aspirar a seguridad social, conciliar con tranquilidad lo laboral y la maternidad. Además, carecer de sistemas y modelos de cuidados, también genera pobreza en hombres y en mujeres, pero particularmente, y por mucho, en mujeres y niñas, quienes terminan asumiendo las labores de cuidado. El empobrecimiento es integral: económico, de tiempo disponible para la propia realización y el autocuidado, de desarrollo futuro.
La responsabilidad central para generar un modelo de cuidados es del Estado, e implica reconocer y recordar que Sonora debe ser un Estado doblemente comprometido, pues fue en esta entidad donde se creó y aprobó la Ley 5 de Junio (Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil). También significa asumir el imperativo preponderante de conjuntar esfuerzos a favor de los derechos de la primera infancia y de las mujeres.
