Tenía alrededor de 20 años cuando empecé a participar en el activismo por la comunidad Lgbtttiq+. Junto a otras, otros, otres activistas impulsamos las primeras marchas por el orgullo gay en Sonora, y empezamos a hacer activismo por el reconocimiento de los derechos humanos que requerían ampliarse, garantizarse y hacerse efectivos a plenitud.
Aunque el Artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que se prohíbe la discriminación por preferencias sexuales, tal legislación es muy limitada para la complejidad de experiencias y reflexiones en las que hemos avanzado para esta comunidad. Hoy no basta con hablar de preferencias sexuales; también tenemos que exigir y garantizar el respeto a la expresión e identidad de género.
Es justo esta complejidad y la falta de comprensión y atención a estos derechos plenos lo que hace a las personas Lgbtttiq+ víctimas constantes de acoso, detenciones ilegales y arbitrarias, tortura e incluso de asesinatos y diversos crímenes de odio. Estas violencias se vuelven aún más evidentes cuando vemos que en México la esperanza de vida de las mujeres trans es de 35 años, en contraste con la de la población en general que es de 77 años, según un informe sobre la población trans elaborado por Almas Cautivas, Equis Justicia para las Mujeres y Casa de las Muñecas Tiresas, entre otras.
A lo largo de mi participación política, este compromiso ha sido constante, junto a mi convicción feminista, y en gran medida lo veo como una visión indivisible. Luchar por el reconocimiento de nuestros derechos y libertades como mujeres se traduce en la exigencia de derechos y libertades para cada uno de los seres humanos, con especial énfasis en aquellos que han visto vulnerados sus derechos humanos, como son las personas diversas en identidad y expresión de género.
Así me integré a Morena, por su plataforma inclusiva y en 2015, me sumé a impulsar la conformación de comités Lgbtttiq+ de este partido en Sonora y he colaborado con la Secretaría de Diversidad Sexual del partido a nivel nacional. Una vez que llegué al Congreso de la Unión en 2018 como diputada federal, exhorté a congresos locales a reconocer el matrimonio igualitario; también impulsé una iniciativa para incorporar como parte de la legislación, la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual, la identidad y expresión de género de las personas, con el objetivo de eliminar todo tipo de discriminación en contra de las personas Lgbtttiq+ y para evitar cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia que obstaculice o menoscabe el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos.
El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia; y todo junio celebramos el mes del orgullo Lgbtttiq+, que tiene su culmen el 25 de junio, día del orgullo. Mucha reflexión se desprende de estas conmemoraciones, y las estadísticas nos siguen mostrando sus puntos ciegos. No hay cifras actualizadas, y se presume que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no son denunciados. Según la Encuesta Nacional contra la Discriminación (Enadis, 2017), 30% de las personas ha sido discriminada por ser parte de la comunidad Lgbtttiq+ y Sonora se encuentra en el lugar 16 en este tipo de discriminación a nivel nacional.
Sin embargo, los pocos datos que existen nos pueden guiar hacia la urgencia del diseño de políticas públicas hacia este grupo social. Y cuando el compromiso es personal, como en mi caso, exige un acto de congruencia. Así, ese día, el 17 de mayo, publicamos en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Social las Reglas de Operación del programa piloto “Yo Genero Inclusión: Pride Programa de Inclusión para el Desarrollo Económico” y el día 25 de junio, abrimos la convocatoria dirigida a la comunidad de diversidad sexogenérica, acorde al Eje III del Plan Estatal de Desarrollo, referente a la “Igualdad Efectiva de Derechos”, donde se contempla la estrategia de “Consolidar una cultura de respeto, reconocimiento y revalorización de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados y marginados, como los miembros de pueblos originarios, las personas con discapacidad y las personas Lgbtttiq+”.
Para el diseño del programa piloto, realizamos mesas de trabajo y diálogo con personas Lgbtttiq+, de lo cual hicimos un seguimiento puntual con minutas y acuerdos, y centramos la propuesta en atender de manera oportuna y eficiente la discriminación que se refleja en la realidad laboral de esta comunidad que en sí misma es diversa, pero se trata de actuar de manera inmediata en un tema históricamente invisibilizado.
Así diseñamos un programa para “fortalecer la autonomía económica, mediante el otorgamiento de insumos, asesoría y acompañamiento para creación o consolidación de iniciativas productivas a personas Trans y de la comunidad Lgbtttiq+ que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad laboral y económica”.
Soy una convencida de que el trabajo social debe responderse desde una perspectiva de justicia e inclusión social para que tenga resultados trascendentes, y que cualquier acción, programa o propuesta debe vertebrarse a una política pública integral.
Cualquier tipo de Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia o discriminación hacia la diversidad sexogenérica debe ser erradicada, y no será sólo con pronunciamientos, edificios iluminados, banderas multicolor; el compromiso debe trascender lo simbólico y hacerse territorio, debe atravesar las realidades donde impacta esa discriminación, debe encarnarse en la vida de las personas Lgbtttiq+, desde la inclusión y la justicia ante todos los agravios, invisibilización, borramiento y violencias recibidas.
