El proceso electoral de 2021 sigue dando valiosas lecciones sobre la defensa de los derechos político-electorales de quienes decidimos participar desde este sistema democrático, y al mismo tiempo nos da pautas para legislar en aquellos casos donde siguen existiendo ambigüedades, omisiones o interpretaciones libres de la ley en materia electoral y de participación ciudadana.
En este sentido, los tribunales electorales estatales necesitan mayores herramientas que les permitan no sólo identificar, por ejemplo, la violencia política en razón de género antes, durante y después del proceso electoral, sino además requiere ampliarse la discusión para que se reconsideren las sanciones correspondientes a aquellos quienes han sido señalados como infractores de la norma.
Los tribunales electorales estatales, en el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, deben priorizar la justicia con todas las penas que la ley prevé. No eludir su responsabilidad ni actuar parcialmente, sobre todo cuando las salas regionales especializadas y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), están imponiendo precedentes y marcando una ruta al respecto, tomando con compromiso la impartición de justicia en esta materia.
Las y los sujetos políticos que hemos solicitado, impugnado y referido actos que contravienen nuestros derechos ante distintos órganos jurisdiccionales, requerimos garantías de que nuestros temas son tratados con ética e imparcialidad, pues sabemos que si no se pronuncian por sanciones proporcionales se abre la oportunidad a violaciones sistemáticas a nuestros derechos (revictimización).
Abro aquí la invitación a que tanto los observatorios electorales por entidad, como los tribunales electorales estatales, así como aquellas personas expertas en la materia, fortalezcamos —ahora rumbo a la siguiente elección—, los marcos de actuación para garantizar equidad de la contienda electoral, desde el orden local porque aquí es donde surgen las violencias.
Trabajemos aún más ágilmente para que exista concordancia entre tribunales, para que a su vez se enfatice mayor información para los pueblos indígenas y originarios sobre sus derechos político-electorales; que se capacite con mayor vehemencia a personal del poder judicial en materia de paridad, violencia política en razón de género y perspectiva de género; que podamos acortar los pasos de la gran brecha en materia de acceso a la justicia.
En mi caso, ante la resolución del Tribunal Electoral Estatal de Sonora que determinó que sí se ejerció violencia política en mi contra, pero al mismo tiempo decidió no sancionar a mis agresores, siendo contradictorio con la misma autoridad electoral en el Tepjf, que ya resolvió ante el mismo hecho, añado que acudiré a impugnar ante la Sala Superior, de acuerdo con mi derecho y porque no avalo las simulaciones de ningún tipo.
La violencia no es ni será nunca el costo por participar libre y democráticamente en la vida pública, no debe serlo. Desde mi posición, asumo ese compromiso, pensando siempre que así allano el camino a otras mujeres y a un ejercicio de derechos más auténtico y pleno en nuestro país.