Los municipios están con la soga al cuello y en la incertidumbre ante la redistribución del presupuesto federal para 2021 dada a conocer en días pasados.
El recorte al gasto y la crisis en salud, economía, seguridad entre otros, pone a los alcaldes en una encrucijada histórica y según calificadoras como Fitch Ratings con una adaptabilidad “más débil”, es decir en una situación aún más vulnerable.
Si los estados se quejan ante los recortes, el reto es para poner a la administración pública municipal a temblar con la caída en participaciones federales, estatales y también en la recaudación de recursos propios.
La mayoría de los componentes del gasto federal aprobado por los diputados en la Cámara Baja presenta reducciones importantes respecto al presupuesto de este año: participaciones federales, convenios de descentralización y reasignación; subsidios, y la eliminación total de recursos destinados a ‘protección social en salud’, que se reorientaron al Insabi, órgano que sustituye al Seguro Popular, etcétera.
Las reducciones más altas se dieron justo en recursos etiquetados que por lo general van a inversión pública; y por otro lado los legisladores facultaron a la SHCP para que en adelante esta instancia asigne de manera directa recursos a programas y proyectos de inversión a estados y municipios, ‘conforme a la disponibilidad’.
De tal modo que, si a los municipios no llegan recursos suficientes para lo indispensable, ya no digamos nuevas obras de desarrollo ni compromisos de campañas sino seguridad, servicios públicos y mantenimiento, la probabilidad de incrementar el endeudamiento público es alta, ¿qué otra posibilidad les quedará a los alcaldes?
Sin embargo, la calidad crediticia de las entidades también se verá impactada y con ello el acceso a más deuda; en pocas palabras las presiones de liquidez aumentarán mes a mes para los ayuntamientos.
Y es que especialmente en los municipios los recursos propios son muy limitados pues se conforma principalmente del impuesto predial, derechos por suministro de agua potable y poco más hablando de los renglones más gruesos. Podemos verlo en la última cifra publicada este 2020 en el portal de transparencia presupuestaria www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
Por ejemplo, de los 100 municipios con mayor recaudación del impuesto predial a nivel nacional, Hermosillo ocupó el 2018 la posición número 15 con poco más de 510 millones de pesos; de Sonora le siguieron Cajeme en el número 63; Guaymas en el 82; Nogales en el número 90 y Puerto Peñasco en el penúltimo renglón 99 con apenas 64 millones 249 mil pesos en recaudación por este rubro.
Ese mismo año 2018 en recaudación por derecho de suministro de agua potable, Hermosillo se ubicó en el número 16 de los 100 municipios con mayor recaudación en todo México logrando ingresar a las arcas municipales casi 785 millones 300 mil pesos; le siguieron de Sonora: Nogales en el número 57; Cajeme en el 59; Guaymas en el 84; y San Luis Río Colorado en el 88 con 130 millones 168 mil pesos.
No hay que ir muy lejos pues para entender la presión que en estos momentos deben tener sobre sí los alcaldes de México, simplemente con la eliminación del Fortaseg (Fortalecimiento a la Seguridad) que era parte del presupuesto anual en materia de seguridad pública y que ahora esos recursos se reorientaron todos a la guardia nacional.
Pero las policías municipales siguen siendo las ‘primeras respondientes’ ante cualquier emergencia o eventualidad; son sus elementos quienes patrullan las calles, colonias y comunidades; quienes en primera instancia tienen la obligación de acudir ante las llamadas de los ciudadanos al 911.
Desde el mes de mayo pasado presidentes municipales comenzaron a advertir ante la paralización de la economía por la pandemia, esta presión que se les venía encima a la que ya por sí misma implica la responsabilidad de atender un municipio, y anticipaban con temor la posible quiebra técnica de algunos ayuntamientos para diciembre de este 2020.
El problema es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha mostrado sensible ante esta situación, al menos así lo demuestra el presupuesto aprobado para el próximo año. Hechos son amores luego entonces, dime en qué inviertes y te diré quién eres.
En el presupuesto de egresos básicamente se redujeron fondos y programas de atención directa y se incrementaron casi al doble proyectos torales del presidente Andrés Manuel López Obrador que, por su promesa que toda obra iniciada la terminaría en su mandato está empecinado en una carrera contra el tiempo, aun cuando la realidad y prioridades tras la pandemia y los hierros de su administración han cambiado.
En plena crisis por los efectos de la pandemia Covid-19 el presupuesto federal 2021 carece de una visión solidaria, incluyente, unificadora para enfrentar como país los peores años de la era moderna que vienen por delante a nivel mundial.
La austeridad sigue siendo el concepto favorito del Ejecutivo federal, pero sin una dirección eficiente en términos sostenibles, sin un plan nacional.
Vea usted, el 94% del presupuesto anual para turismo fue destinado a un solo proyecto y sí, efectivamente es la construcción del Tren Maya; los alcaldes y gobernadores de todo el país que se arreglen con el 6% restante para reactivar el turismo en sus estados y ciudades.
La pregunta que sigue en el aire es si el gasto en México ¿Incentiva la recuperación económica? Y la respuesta es no. Esta reasignación presupuestal no tiene ni visión social ni de desarrollo, no prioriza un gasto productivo, castiga y descuida a estados y municipios.
Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía son prioridad para el país el 2021.
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Nunca ha sido fácil la administración municipal pues es donde todos los problemas y deficiencias federales, estatales o locales desembocan como las olas del mar en las rocas, pero el próximo año se avizora aún más crítico.
