Manuel Alejandro Encinas Islas. Egresado de la XVIII promoción de la Maestría en Ciencias Sociales.
Al término del sexenio del expresidente Andrés López, se enviaron al Congreso de la Unión una serie de reformas constitucionales que proponen la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Esta iniciativa ha avanzado en el proceso legislativo y, a la redacción de este texto, está pendiente su discusión y votación en el pleno de las Cámaras de Diputados y Senadores.
El INAI surgió en el 2014 como un organismo autónomo, sustituyendo al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que fue creado en 2002 como organismo encargado de velar por la garantía del acceso a la información pública para la ciudadanía. La autonomía le fue dotada al INAI en un intento por desconcentrar el poder público en el Ejecutivo federal, al igual que ocurrió con organizaciones gubernamentales de otras áreas.
El INAI tiene a su cargo, entre otras funciones, el interpretar la ley en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; conocer y resolver los recursos legales que la ciudadanía interponga contra los sujetos obligados a brindar información pública; interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren el derecho de acceso a la información y promover controversias constitucionales en asuntos de la materia; establecer y ejecutar medios de apremio y sanciones para hacer cumplir las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
A grandes rasgos, se trata de un organismo independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que puede emprender acciones para forzar a dichos poderes a respetar y promover el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales de la ciudadanía. La razón de su autonomía es, precisamente, para impedir que su ámbito de acción se vea afectado por los intereses de los poderes.
Sin embargo, en el dictamen de la Cámara de Diputados se señala que los organismos autónomos han “rivalizado” con los poderes públicos tradicionales y que “son gobernados de manera inmediata y directa por servidores públicos capturados por grupos políticos y de interés económico, ligados a su vez a los propios sujetos que deben ser regulados, lo que ha llevado a una posición de cuestionable independencia y debilidad institucional”.
La propuesta, en cambio, propone que las funciones de transparencia y protección de datos personales recaigan sobre los propios sujetos obligados a respetar este derecho, a través de sus órganos internos de control y por vía de otros organismos, en el caso de partidos políticos y sindicatos, por ejemplo. Esto significa que en el Poder Ejecutivo la garantía de transparencia esté en manos de la Secretaría de la Función Pública (dependiente de la Presidenta), y que en los poderes Legislativo y Judicial también se deposite la función en autoridades dependientes de los titulares de estos poderes.
Este nuevo esquema no significa una opacidad automática, pero requiere de nosotros, la ciudadanía, una confianza total en las autoridades, asumiendo que van a respetar nuestro derecho de acceso a la información y el principio de transparencia, así como proteger los datos personales. Puede que, de momento, quien lea esto efectivamente confíe en el gobierno actual, por lo que no encontraría ningún problema. La cuestión es si este esquema -basado en la confianza y concentración de poder- lo aprobaría para los próximos gobiernos (sea cual sea el partido o ideología política que representen).
