Manuel Alejandro Encinas Islas. Egresado de la XVIII promoción de la Maestría en Ciencias Sociales.
“Yo tengo otros datos” pasará, sin duda, como una de las muchas frases icónicas del todavía presidente López Obrador. No muy seguido supimos dónde estaban o cuáles eran esos otros datos, pero frecuentemente se utilizó la frase para evitar temas incómodos durante las conferencias matutinas, como los que acusaban presuntos actos de corrupción.
Durante este sexenio la razón por la cual se tomaron muchas decisiones fue combatir la corrupción: se canceló el aeropuerto de Texcoco, se ‘rifó’ el avión presidencial, se eliminaron fideicomisos públicos, se centralizó el sistema de salud y se reformó al Poder Judicial, entre muchas otras medidas. Se dijo que la corrupción era “la forma más extrema de la privatización” (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024) y la causante de múltiples problemas económicos, de seguridad y desarrollo social. Se esperaría que, habiendo actuado tanto en nombre de la lucha anticorrupción, los resultados fueran contundentes o −al menos− notorios.
Si se quieren analizar los alcances de los gobiernos en el control de la corrupción, el primer reto será definir al fenómeno: a qué se refería este gobierno en específico cuando hablaba de corrupción. Según Stephen D. Morris (2022), quienes ejercen autoridad tienen un poder ‘desproporcionado’ para configurar y moldear nuestra comprensión y enfoque de la corrupción, creando paradigmas dominantes.
Por lo anterior, al querer evaluar los resultados del sexenio 2018-2024 en materia de corrupción, es importante retomar las definiciones y los parámetros que el propio gobierno estableció para sí, y no ‘otros datos’. Para ello tenemos el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, 2019-2024”, elaborado por la Secretaría de la Función Pública y aplicable a la administración pública federal. Este programa tiene una serie de “Metas para el bienestar y parámetros”, que retoman -entre otros- indicadores de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Aquí un pequeño recuento para reflexionar:
La meta de reducir el número de víctimas de actos de corrupción en trámites públicos partió de una tasa de 14,635 víctimas por cada 100 mil habitantes. Se pretendía alcanzar una tasa de 8,113 para el 2023 y, finalmente, de 7,026 para el 2024. En contraste, la ENCIG 2023 documentó una tasa de 13,966.
La meta de reducir la percepción de frecuencia de corrupción tenía como base un 86.5% de personas que consideraban que la corrupción era un fenómeno frecuente o muy frecuente en el gobierno federal. Se buscó reducir esa percepción a 49.4% en el 2023 y a 43.4% para el 2024, pero la ENCIG 2023 señala que este indicador disminuyó a 61.6%.
La meta de reducir el número de experiencias de corrupción derivadas de la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios u otros tomó como línea base una tasa de 25,541 experiencias por cada 100 mil habitantes en 2017, que buscaba reducirse a 14,596 experiencias para el 2023 y a 12,770 en el 2024. Al cierre del sexenio, la ENCIG 2023 registra una tasa de 25,394.
Desde el optimismo la conclusión sería que, aunque no se alcanzó ninguna de las “metas para el bienestar”, los indicadores se redujeron. No habría que olvidar que el indicador 1 era menor en 2011; y el indicador 3 era también menor en 2011 y 2013. Por otro lado, aunque no se alcanzó la meta, disminuyó considerablemente la percepción de que en el gobierno federal la corrupción es algo frecuente. Se cree −al menos− que el problema ha disminuido, aunque desde 2013 sea considerado como el segundo problema más importante en el país, solo después de la inseguridad (según la ENCIG).