El cuestionado organismo de Seguridad Alinentaria Mexicana, que lleva Ignacio Ovalle, está por enfrenar un nuevo escándalo en sus procesos de contratación, pues en clara violación a la Ley de Propiedad Industrial, puso a licitación la compra de un producto que se encuentra protegido por una patente y que por lo tanto debe tener un fabricante único. Se trata de la licitación LA-008VST977-E67-2021, con la que el organismo que unió en este sexenio a las empresas estatales Diconsa y Liconsa busca adquirir por alrededor de 18 millones de pesos canastillas de polietileno de alta densidad para transportar la leche de los programas de abasto alimentario, misma que tiene como fecha de fallo este lunes 13 de septiembre.
Las canastillas para transportar los recipientes de Liconsa tienen un diseño específico, protegido por una patente del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con título de registro 60072, vigente hasta el 27 de enero de 2025 y cuyos derechos pertenecen a la compañía Saurot Comercial. No obstante, Segalmex puso a concurso la compra del modelo de canastilla con las mismas medidas y diseño sin pagar regalías o llegar a un acuerdo con el propietario de la patente, por lo que, de otorgar el contrato a un proveedor sin derechos, estaría haciéndose acreedor a sanciones administrativas y, por supuesto, estaría fomentando la piratería.
Por alrededor de 10 años, especialmente en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el organismo de Seguridad Alimentaria adjudicó de manera directa este mismo contrato a la empresa Polietilenos del Sur, bajo el argumento de que esta razón social era la propietaria de esa patente, algo que, por cierto, era falso, o por lo menos un hecho que la compañía nunca pudo demostrar cuando llegaron los funcionarios de la Cuarta Transformación.
Y ahora que coincidentemente regresa a la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex un ex director de Liconsa de administraciones pasadas, Juan Francisco Mora Anaya, se busca contratar nuevamente a Polietilenos del Sur. Esta vez, mediante una licitación que viola el marco legal y que deberá ser cuestionada por el IMPI de Alfredo Rendón, esto en el menor de los casos. Además de las mencionadas violaciones legales, la licitación de las canastillas para recipientes de leche muestra otras irregularidades que hacen dudar de la imparcialidad del concurso, pues las ofertas económicas que presentaron algunas empresas competidoras coinciden exactamente en pesos y centavos, de hecho, de cinco compañías participantes tan sólo se registran tres diferentes precios.
Se presume por lo anterior que desde el área encargada del procedimiento se filtró información a algunos participantes para beneficiar a Polietilenos del Sur. Sin duda, habrá mucho que investigar también para la Función Pública.