La reciente aprobación en Comisiones de la iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto en México parecería un último clavo al ataúd del sector, parecería pero podría ser una exageración de mi parte amigos lectores, además tengo demasiadas preguntas sin respuesta; ¿Está el sector minero en una situación crítica?, sí la respuesta es no, olviden esto, estamos bien, pero sí la respuesta es sí surgen nuevas preguntas: ¿Ya se sentaron con Claudia Sheinbaum?, ¿Si?, ¿Qué les dijo?, ¿No?, ¿Por qué?, ¿Incapacidad o negligencia?. La verdad no veo una gran movilización para hacer algo al respecto, veo a una industria pasiva haciendo contención de daños.
Es público que el sector ha sido marginado y atacado durante el sexenio de López Obrador y a pesar de representar la mayor parte de la producción de metales preciosos en el país, la minería a cielo abierto enfrenta una amenaza que podría ser real y definitoria para el panorama económico y social de las regiones mineras. Y ante esta crisis inminente, la Cámara Minera de México (Camimex) parece estar paralizada, limitándose a emitir comunicados y publicaciones en redes, ojo a mi me falta información, por eso digo parece, sin embargo no veo acciones decisivas y nunca ha sido su estilo.
El presidente ha repetido en múltiples ocasiones que las mineras, particularmente las extranjeras, han sido favorecidas por gobiernos corruptos con una cantidad excesiva de concesiones. Las críticas han sido constantes: corrupción, evasión fiscal, daño ambiental. Bajo esta retórica, el gobierno ha adoptado una política de no otorgar nuevos permisos ni para la apertura de minas ni para la ampliación de las existentes. Esta estrategia ha asfixiado al sector, que, no obstante, ha logrado mantenerse a flote gracias a los altos precios internacionales de los metales.
Sin embargo, las modificaciones legislativas iniciadas en 2023, que no se han implementado debido ante la falta de un reglamento, podrían aplicarse en cualquier momento y ahora el avance de la propuesta contra la minería a cielo abierto y la llegada de un nuevo gobierno, agregan capas de complejidad a la situación, y debemos considerar que en todo caso Morena y presidente pueden hacer avanzar esta legislación anti minera. Ante este escenario, el sector organizado, en este caso representado por CAMIMEX ha optado por su estrategia clásica, que parece insuficiente: emitir un comunicado y declarar su disposición al diálogo, como sí la 4T estuviera afanosa, buscándolos para dialogar.
La reacción del sector podría verse tibia. Pero los dueños de las mineras siempre han sido partidarios de no confrontarse y repito, hacer control de daños, pagar una regalía, pagar más impuestos, todo lo que sea necesario mientras los precios lo permitan.
Históricamente, la minería en México ha operado políticamente con discreción, casi en las sombras. Esta estrategia ha funcionado en el pasado, permitiendo que las operaciones continúen a pesar de los cambios políticos. Pero, ¿la situación actual es diferente?, parecería, porque los últimos años las amenazas no son solo retóricas; están plasmadas en leyes y decretos.
El problema de la pasividad es que subestima la gravedad del contexto actual. Es evidente que la estrategia de bajo perfil ya no es viable y sería muy coherente que la industria siquiera considere la posibilidad de que hoy ya no es suficiente emitir comunicados y esperar que las circunstancias políticas cambien mágicamente.
