Amigos ustedes deben saber esto, hace unos días, el Senado de la República aprobó una reforma profundamente alarmante para la democracia mexicana. La bancada de Morena y sus aliados impulsaron la llamada "Ley de Supremacía Constitucional," que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, y que en términos simples, elimina la capacidad del Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de reformas constitucionales. Lo que antes era un sistema de equilibrios y contrapesos entre los poderes del Estado ha sido reducido a un espacio sin controles, una puerta abierta a la voluntad de un solo partido, que bajo la promesa del “reforzamiento” de la Constitución, levanta una cortina de humo, al autoritarismo.
Con la reforma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pierde la facultad de revisar y defender derechos humanos ante cualquier enmienda que Morena decida añadir a la Constitución. En México, la Constitución siempre ha representado el máximo acuerdo entre los mexicanos, pero esta decisión convierte a la Carta Magna en un documento moldeable a la voluntad de la mayoría en el poder. Bajo esta lógica, las reformas podrían imponer cualquier tipo de normatividad sin posibilidad de apelación: si un día se decidiera expropiar propiedades privadas, limitar libertades de expresión o asociación, o incluso restringir derechos civiles, ya no habría un poder independiente que pudiese intervenir.
La figura del juicio de amparo también está en juego. Sólo falta que la Cámara de Diputados los apruebe. Hasta ahora, el amparo ha sido un recurso indispensable que permite a los ciudadanos y empresas defenderse de abusos del poder. Pero con la modificación de estos artículos, el amparo dejará de ser una herramienta de protección ante cambios constitucionales. Supongamos que Mario tiene permisos legales para realizar una actividad específica, como vender colchones usados, y el gobierno aprueba de manera súbita una prohibición de la venta de colchones usados. En una democracia equilibrada, Mario tendría derecho a defenderse mediante el amparo, Mario ya tenía permisos que habían cumplido con los requisitos de ley y posteriormente invirtió su patrimonio en su negocio de colchones; con esta reforma, el gobierno podrá revocar permisos y cerrar el negocio sin que el ciudadano pueda hacer valer sus derechos en tribunales. Cámbiale el nombre a Mario y ponle en nombre de una Minera, de una Farmacéutica, de una Maquila, el gobierno va a poder prohibir, restringir y sancionar cualquier actividad, sin contrapesos. Efectivamente eso es Totalitarismo y a nivel internacional está visto como una práctica despreciable en las democracias modernas y en el mundo global que fomenta la competitividad.
Para entender la gravedad de este asunto, es crucial recordar cómo llegamos aquí, durante todo su sexenio Andrés Manuel López Obrador forzó la aprobación de todo tipo de dictámenes y leyes, como por ejemplo se nacionalizó el litio, porque México se convertiría en una potencia económica, sin embargo, hasta la fecha, ni un solo gramo de litio ha sido extraído por el Estado, pero demostraron que sí querían podían nacionalizar un recurso y retirarle los permisos a las empresa Chinas que ya los tenían. Lo que estamos presenciando con la reforma de supremacía constitucional no es una mejora en la protección de los derechos, sino una consolidación de un poder ejecutivo que opera sin límites.
Morena asegura que esta reforma tiene un fin noble y pretende evitar “interpretaciones sesgadas”, porque alega que su gobierno tiene “enemigos”, sin embargo, se trata de evitar que el Poder Judicial revise cualquier modificación que realicen a la Constitución. Al eliminar la posibilidad de que la SCJN intervenga, Morena consolida una hegemonía política que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, crea un vacío de autoridad legal, en el cual no existen defensas reales contra posibles abusos del gobierno.
¿Qué se viene sí aprueban los diputados esta ley? Simple: la pérdida de una de las garantías fundamentales de toda democracia. La posibilidad de que un gobierno reforme la Constitución a su antojo, nos lleva por un camino que otros países en América Latina ya han transitado y que ha resultado en regímenes autoritarios que ignoran los derechos civiles, desprecian el Estado de Derecho y promueven un poder centralizado.
