Con las reformas constitucionales que vivió nuestro país en materia de acceso a la cultura y en materia de derechos humanos, la primera en el año 2009 y la segunda en el año 2011, así como con la entrada en vigor de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017; las Entidades de la República (unas más rápido que otras), han ido actualizando su legislación y normativa cultural, ajustándola a este nuevo paradigma que mira ahora a la cultura, no más como un asunto de relevancia accesoria o secundaria, sino como un derecho fundamental de las personas que el Estado y sus instituciones obligadamente han de asegurar y dimensionar al mismo nivel que los sistemas de garantismo que giran en torno a otros derechos reconocidos, como el del derecho al agua, a la vivienda o a la libre expresión.
¿Cómo construimos un Sonora con Derechos Culturales?, ¿qué, de lo que ya tenemos podemos aprovechar para ejercer en libertad y plenitud nuestro derecho a la cultura? ¿Hacia dónde dirigir los pasos siguientes y qué rutas tomar? Ese Sonora cultural y sostenible, necesita de presupuestaciones certeras, líneas de acción representativas, políticas culturales construidas entre todxs, sectores sociales comprometidos e implicados con su realización y, para el caso, un marco de legalidad que encuadre su misión.
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Repasemos entonces eso, su repositorio jurídico. La regulación de la materia cultural, además de delimitar el actuar de las autoridades y de habilitar las libertades de los particulares, permite generar secuenciación, trazabilidad y largo alcance a las estrategias públicas; en ese sentido, a nivel local destaca:
1. La Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural que, en su Artículo 1° y 2° reconoce los derechos culturales de las y los sonorenses e instruye, tanto al Gobierno del Estado como a los Ayuntamientos a garantizarlos, considerando para ello la integración de planes, recursos y acciones concretas. La Ley, señala como órgano primo-respondiente para asegurar derechos culturales al Instituto Sonorense de Cultura (ISC).
2. La Ley de Educación del Estado que, en su Artículo 48° reconoce “el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura”, un poco en réplica al Artículo 15° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966). Cabe destacar que esta misma ley, destaca el papel de la cultura y de los derechos culturales en la delineación de la política educativa para el territorio y sus comunidades.
3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a través de su Artículo 27°, sienta las bases por las que la Secretaría de Educación y Cultura, deberá diseñar e implementar sus políticas “en materia de fomento a la ciencia, deporte, cultura, investigación y recreación”; al igual que nociones para procurar la cooperación con actores y sectores en favor de la cultura.
4. Finalmente, es clave revisar el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, documento que, además de ordenar estructuralmente a la dependencia, señala pautas concretas sobre el diseño de políticas que no pueden quedar atrás, sobre mecanismos de participación ciudadana y sobre formas e instancias de involucramiento de los particulares para incidir sobre el rumbo de las políticas que la SEC instrumenta.
Para la ciudadanía, pero muy especialmente para las organizaciones de la sociedad civil y para las y los trabajadores de la cultura sonorenses, estas cuatro herramientas deben comenzar a circular como una especie de “panfleto” siempre al alcance de la mano; en la medida en que mejor se conozcan y nos formemos alrededor de su contenido, más capacidades colectivas podrán desarrollarse para hacer valer los derechos de la cultura y para poder exigirlos al Estado.
Recientemente, en el contexto de la presentación de resultados de la Convocatoria SURES de 2023, por la que el Estado de Sonora, habilitó la movilidad internacional de un servidor para investigar en cultura, hablábamos sobre la idea de subir la cultura a este nuevo “ring” de los derechos humanos, ese mismo ring en el que ya disputan y ganan luchas causas como la diversidad y las identidades, la perspectiva de género, la acción por el clima, los entornos rurales o la libertad de prensa; un ring más próximo a la justicia y que da pie a que lo cultural, como derecho, sea también materia de tribunales, cortes y comisiones; por tanto, como cualquier otro derecho humano, universal, progresivo y no-regresivo.
Con el empuje cada vez más claro y contundente que los derechos culturales van logrando en el plano nacional y entre la comunidad internacional; el próximo par de años se antoja clave para dar el paso tan necesario en el contexto de lo local, pues con las instituciones municipales renovadas y justo a la mitad del periodo de gobierno subnacional, llega el momento coyuntural para agitar el debate en Sonora sobre los derechos culturales.
Gracias a la experiencia que han ido dejando a Latinoamérica, iniciativas de discusión y gestación amplísimos por la cultura, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, como la Carta de San Luis Potosí por los Derechos Culturales (2021), la Carta de Derechos Culturales de Niterói, Brasil (2021), la Declaración UNESCO Zapopan (2017) o la Carta de Derechos Culturales de Concepción, Chile (2023); es claro que, de estos debates no pueden ausentarse las instituciones culturales de gobierno, las organizaciones civiles, comunitarias y vecinales; las industrias culturales y creativas, las poblaciones que enriquecen y vuelven diversa a nuestra comunidad, como las personas migrantes, los pueblos originarios y las juventudes; los medios de comunicación y, por supuesto, aquellos que serían los grandes protagonistas del esfuerzo: las y los artistas y trabajadores de la cultura en Sonora.
¿Y a dónde apuntar? A la generación de un ecosistema cultural armónico y sinérgico, que con claridad defina las competencias de la SEC, del ISC, del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes, de las regidurías y de las direcciones de cultura municipal, para articular líneas de gasto, políticas públicas, espacios de gobernanza y mecanismos de justicia y mediación para los derechos culturales.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, por ejemplo, se elaborarán los Planes Municipales de Desarrollo (PDM) en los 72 Ayuntamientos del Estado. Estos documentos son vertebrales, pues en ellos se asientan precisamente la líneas de acción estratégica, techos presupuestales y hasta indicadores a los que las autoridades deberán sujetarse para su desempeño trienal, por cierto, construidos según el Artículo 1° y 9° de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, por consulta, de forma participativa y democrática; allí deberá estar el sector cultura y sus profesionales, negociando los contenidos propositivamente o exigiéndolos de manera enérgica donde sea necesario hacerlo.
¿A qué suena un Sonora con 72 planes municipales programáticos y presupuestales explícitamente basados en la perspectiva de derechos culturales?, ¿qué tal una carta de navegación metropolitana o capitalina para los derechos y la gobernanza culturales?, ¿haría una diferencia? Ojo, que no es lo mismo planificar para los derechos culturales que planificar para la cultura y las artes, eso último ya lo hemos hecho, Sonora tiene mucha experiencia en ello, los resultados (o la falta de estos), son tangibles y la comunidad fácilmente los puede notar. El asunto, quizá apenas como una provocación, es hacer la cosa diferente para obtener, tal vez, resultados diferentes.
Producto del Programa SURES, se viene para el arranque de año, en Hermosillo, un seminario internacional de capacitación intensiva sobre derechos culturales y cadenas de valor cultural; un posible primer paso a aprovechar, para insertarnos después con capacidades fortalecidas, en la discusión que traerá consigo la transición política de 2024, en donde la cultura, por ser, como ya hemos dicho, un derecho y no un asunto optativo, estará. Invitadas todas y todos a estar atentos al llamado-a-la-acción para sumarse y participar.
Ilustra este número
Benjamín Rosales
(Hermosillo, Sonora, 1976)
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Pintor, dibujante, grabador y conferenciante de formación esencialmente autodidacta. Se ha desenvuelto como artista visual desde 1994 a la fecha. Es docente universitario. Cuenta con más de una veintena de exposiciones Individuales en galerías y centros culturales de Ciudad de México, Baja California, Sinaloa, Sonora y Europa, entre otros. La prensa escrita ha publicado en diversas ocasiones entrevistas alusivas a su plástica, ocupando portadas y páginas centrales. Desde 1998 ha publicado diversos artículos relacionados con las artes plásticas. Su obra pertenece a varias colecciones públicas y privadas. También ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su obra y trayectoria artística.
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