Todo el mundo tiene derechos culturales, estos derechos son parte importante de la armonía social y están relacionados con los derechos a la educación y la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
¿Pero qué tanto conocemos de estos derechos? Se habla que la participación, acceso y contribución a la vida cultural en cualquier sociedad puede darse de forma individual o colectiva. También se habla de ciertos elementos que se basan en la igualdad y la no discriminación para garantizar una plena realización de los derechos.
Lo anterior es completamente cierto y en la teoría todo mundo tiene derechos culturales, pero en la práctica nos acompaña el desconocimiento total de los mismos. Lo que me lleva a preguntarnos ¿Cuál es la responsabilidad desde la institución hacia los derechos culturales? y ¿Cuál es nuestro compromiso como ciudadanos hacia estos derechos?
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Nos queda claro que la institución debe propiciar la creación, ejecución y difusión de políticas culturales, acompañada de la participación de la sociedad civil y grupos comunitarios. Es en estas políticas donde radica la orientación para el cumplimiento de nuestros derechos culturales.
Es responsabilidad de la institución asegurar la correcta implementación de las políticas y los derechos culturales. Pero también, como ciudadanos estamos obligados y comprometidos a informarnos para tener pleno acceso, de tal forma, que podamos exigir lo que por derecho corresponde.
Entonces, ¿Qué es lo que nos corresponde? La posibilidad de vivir una sociedad donde la cultura y las artes sean accesible independientemente de su ubicación geográfica, a tener condiciones dignas para la producción cultural y artística, al disfrute del patrimonio cultural, a la protección del derecho de autor, al respeto de la lengua, a que se construyan vías para el desarrollo de una industria creativa, entre otros.
¿Será que todo lo anterior pueda ser posible en un estado como Sonora? Si, pero la tarea no es nada fácil. Sonora presenta condiciones contrastantes en comparación al resto del país.
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El trabajo de informar y hacer valer los derechos culturales debe ser un compromiso continuo de la institución, pero también del ciudadano. La institución es un facilitador, pero es el ciudadano quien debe asumir y responsabilizarse con el apartado que le toca.
Una vez que nos responsabilicemos desde lo individual y colectivo estaremos en condiciones de mejorar y consolidar un entorno cultural democrático, plural e inclusivo.
*Ana Carolina Aboytes Alvarado es Productora y gestora cultural.
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