Abogados piden que se procese a quienes promuevan juicios falsos

Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, dijo que esta práctica se ha intensificado, por lo que pide que se castigue con prisión

Roberto Bahena | El Sol de Hermosillo

  · martes 3 de marzo de 2020

Roberto Bahena | El Sol de Hermosillo

La propuesta que la Barra Sonorense de Abogados entregó al Congreso del Estado para que se establezca como delito las demandas falsas que presentan algunos abogados, no ha sido tomada en cuenta y se encuentra estancada.

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Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, recordó que el pasado 6 de agosto de 2019 presentaron la iniciativa para modificar el artículo 193 del Código Penal para el Estado de Sonora, que se refiere a delitos contra la administración de justicia.

“Finalmente a quien vienen a engañar con este tipo de delitos es a la autoridad, es al juez, a la Junta de Conciliación, es al Ministerio Público, por lo que estamos planteando que se reforme el Código Penal para efectos que se establezca con toda claridad lo que se conoce como el fraude procesal”, expuso.

Esto quiere decir que son actos jurídicos o procesales que no son verdaderos y que conllevan el trasfondo de engañar a la autoridad y generar un lucro o un beneficio, en la mayoría de las ocasiones económicos.

“A nosotros nos preocupa que las malas prácticas de abogados se estén intensificando, ya no sean caso de excepción, sino que cada vez van en aumento. Esto es un problema de escuelas, es un problema de ética, do colegios, de profesionistas, en este caso de derecho”, sentenció.

Contreras explicó que en este tipo de delitos llevan una intervención tanto los abogados, como los propios clientes, pues hay ocasiones donde este último se presta para dichas situaciones, aunque a veces son promovidas falsamente por el propio licenciado en derecho, sin que el supuesto demandante sepa del caso.

Puntualizó que la iniciativa de ley plantea que se vea como un delito grave, donde el proceso lo tuviera que llevar con prisión preventiva justificada, además de una penalidad que pudiera variar entre tres y seis años, por lo menos.