Sobre el cambio realizado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) hecho a la zona de salvaguarda del ex confinamiento de residuos peligrosos Cytrar en la que se redujo cerca de un 90%, pasando de cinco kilómetros a 500 metros, Antonio Astiazarán Gutiérrez aseguró que se trata de disposiciones de carácter federal que la propia dependencia atiende.

El presidente municipal de Hermosillo afirmó que, a pesar de haber reducido el radio de restricción, aún existe una zona núcleo que tiene y está siendo respetada por parte del plan de desarrollo urbano.

Aseguró que se han hecho estudios y monitoreos de manera reciente, cuya información se hará llegar a El Sol de Hermosillo a través del Implan.

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“Por lo que respecta al impacto ambiental, le corresponde a la autoridad federal determinar si la remediación del lugar ya se dio; nosotros, lo que estamos haciendo, es cumplir con las disposiciones legales en materia ambiental federal”, señaló.

Respecto al crecimiento de la mancha urbana hacia la zona, dijo que en el plan de desarrollo urbano se respeta ese radio que el confinamiento aún tiene para que no se edifique ni se emita ningún permiso de construcción o de uso de suelo.

“Recordemos que el radio que en su momento existía obedeció a una temporalidad, misma que ya concluyó y que de acuerdo con las mismas disposiciones federales ya permiten esa reducción que hoy tiene”, comentó.

Sin embargo, se debe recordar que el Artículo 65 de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Legepegir) dicta que la distancia mínima de las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos, con respecto de los centros de población iguales o mayores a mil habitantes, deberá ser no menor a cinco kilómetros.

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Y así se tenía en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Hermosillo 2014, cuando se marcaba un área de cinco kilómetros de salvaguarda alrededor del confinamiento, la cual se redujo en 2023 a aproximadamente 500 metros.

Aun así, a decir de expertos, el cambio realizado y la falta de información podría representar un riesgo a la salud de las familias que habitan en el sur de la ciudad, al tratarse de un confinamiento de residuos peligrosos como plomo, arsénico y más.

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