La comunidad de Bacanuchi, Sonora tendrá que ser consultadapara que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) pueda otorgar permiso de construcción de una presa a laminera Buenavista del Cobre, la cual está prevista contenga másdesechos que los derramados en 2014 y que afectó a todo el RíoSonora.

Por mayoría, ministros de la segunda sala de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, ampararon a la comunidad de Bacanuchicontra la construcción de la presa Jales Mineros, por parte deGrupo México, ya que aseguran se debió consultar a la comunidadde Bacanuchi previo a la emisión de la autorización otorgada porla Semarnat para construir y operar la presa.

El proyecto del ministro Javier Laynez ofreció amparo para elefecto de que las autoridades de Sonora otorguen el derecho deconsulta a los representantes de la comunidad de Bacanuchi, que seoponen a la construcción de una nueva presa, al considerar que seviolaba su derecho a participar de manera informada en aquellosasuntos que pudieran afectar su derecho a un medio ambientesano.

El caso se deriva luego que un Juez de Distrito consideró quelos comuneros no acreditaron una afectación en sus derechos, en lamedida en que su residencia no se encontraba en el territorioafectado por la construcción de dicha obra, esto en Cananea,Sonora.

La comunidad impugnó tal sentencia y el Tribunal Colegiado delconocimiento resolvió que a pesar de que su residencia no seencontraba en el municipio de Cananea, en donde se autorizó laconstrucción de la presa de Jales, también lo es que el pueblo deBacanuchi es adyacente a ese lugar, de modo que su construcciónles impacta. También, dada la importancia del asunto, solicitóque la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción.

Este miércoles, los  ministros llegaron a la conclusión deque el derecho a la participación previsto en la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratadosinternacionales, no se restringe a participar en asuntospolíticos, sino que incluye la posibilidad de incidir en ladiscusión relativa a políticas y proyectos medioambientales,especialmente, cuando estos afecten a los ciudadanos.

Por el momento, aún queda pendiente la resolución del amparosobre el fideicomiso del Río Sonora; el recurso interpuesto buscaque Grupo México reparta una vez más los 2 mil millones de pesosen remuneración por el vertimiento de sulfato de cobre en laregión correspondiente a los municipios aledaños al cauce, ya quelos pobladores consideran hubo un manejo inadecuado del recursoeconómico.