Los ocho pueblos indígenas que conforman las comunidades de la tribu Yaqui estuvieron de acuerdo con el paso del gasoducto Agua Prieta por sus tierras, esto por medio de una consulta, aseveró Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia.

Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, para tratar la inconformidad de algunos sectores de la etnia con el paso del gasoducto, se reavivaron los conflictos.

Según Rojo Valencia en un proceso de negociación que se hizo en el 2014, se planteó la necesidad del paso del gasoducto por tierras comunales de los yaquis, por lo que se hizo una consulta de acuerdo a los derechos indígenas internacionales.

Cómo parte de esta consulta, la Secretaría de Energía (Sener) realizó reuniones informativas para exponerles lo que se haría en el lugar, datos y beneficios, por lo que los pueblos de la etnia, Cócorit, Bácum, Vícam, Pótam, Tórim, Huírivis, Ráhum y Belem, lo aprobaron.

"Se realizó esa consulta con la autoridad responsable que era Sener y se informó, se dio toda la información y datos a la tribu; y la tribu decidió otorgar consentimiento para el cruce del gasoducto. Ese es un proceso que casi duró un año, fueron consultadas las autoridades tradicionales con la tropa y así fue la situación", expuso.

A pesar de que existe un grupo ubicado en Loma de Bácum, encabezado por la tropa Yoremia, que se niega al paso del acueducto y que han iniciado una batalla legal e incluso a raíz de eso se han generado algunos actos violentos, aunque no se conoce la mayoría de ellos

"Loma de Bácum a raíz de esa situación, las autoridades tradicionales de los siete pueblos nombraron a otro Gobernador, pero hay un grupo de interés dentro de la tribu y desafortunadamente hay gente ajena que no son miembros de la tribu, que están influenciado fuertemente y han llevado a extremo ese tipo de desacuerdo y a derivado en agresiones y todo eso por parte de ellos anoche", detalló.

Aseguró que los opositores interpusieron un amparo con varias quejas, pero fueron subsanadas de manera legal y aunque se les otorgó un amparo en contra del gasoducto, este se fue a tribunales y podría pasará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver quién tiene la razón.

"Ese es un proceso que los pueblos ya han otorgado el consentimiento, ya es un asunto juzgado, un asunto que está en los tribunales y muy probablemente será la Suprema Corte quien tendrá que decidir esa situación", consideró.

Recordó que aunque los ocho pueblos yaquis participaron en la consulta que realizó la Sener, grupos de Loma de Bácum no quisieron participar y se negaron a recibir a los funcionarios, por lo que las autoridades tradicionales indígenas, según sus leyes, decidieron avanzar en el proceso.

"En ese sentido yo creo que el Gobierno federal tiene enfocada su atención para buscar un mecanismo de acuerdo con las personas de Loma de Bácum para poder concretar el paso", puntualizó.