Por presunto mal uso de las agencias del Ministerio Público para perseguir e imputar delitos, un grupo de ciudadanos ratificó su solicitud de juicio político a Claudia Indira Contreras Córdova, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Florentino Vázquez Borja, representante de la Asociación Vecinos de El Nuevo Colorado Sonora, ratificó su solicitud de juicio político a la directora general de la Fiscalía del Estado, pues aseguró que ha utilizado a las instituciones a su cargo con fines personales.
“El hecho es que la delincuencia ha aumentado y no disminuido, se ha protegido a las bandas delictivas, y la sociedad cada vez corre más riesgos. Hechos notorios son, los que no requieren incluso ningún tipo de investigación, los que ocurren en Guaymas, San Carlos, Altar, Caborca, Ciudad Obregón, donde el promedio de mortandad es altísimo y no hay justificación o programa con el que proteger a la ciudadanía”, dijo.
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Asimismo, señaló que dio instrucciones a los agentes del ministerio público para que los jueces de control no tomen en cuenta la igualdad ante la ley, por lo que no existe una igualdad procesal en Sonora.
“Es un hecho notorio que la supuesta víctima del delito tiene una temporalidad extrema para imputarlo y la defensa solamente se nos da una parte del juzgador una o dos horas; el problema es que de manera abusiva solicitan prisión preventiva supuestamente justificada de manera desaseada”, agregó.
En ese sentido, reiteró su solicitud de análisis del artículo 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tomar verificar las constantes violaciones cometidas dentro de este tipo de procedimientos.
“Los instrumentos para castigar a la sociedad se denominan lógicamente agentes de la AMIC (Agencia Ministerial de Investigación Criminal), en este caso, porque el día de ayer recibí amenazas de que se me iba a levantar, entonces solicito que en este caso tomen cartas en el asunto, lógicamente pues no amenazamos, nos prevenimos y no nos vamos a quedar cruzados de brazos porque es grave”, puntualizó Vázquez Borja.
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Por lo tanto, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado llevará a cabo el análisis del escrito y las pruebas ofrecidas dentro de un plazo de 10 días para determinar si es procedente o no la solicitud de juicio político a la fiscal general de Sonora.
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