El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez compareció ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado por el caso de trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, derivado de las recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y que no fueron cumplidas por la actual administración.
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Durante sesión de este lunes, la comisión llamó a comparecer al presidente municipal de Hermosillo luego de la recomendación realizada por la CEDH al Ayuntamiento, ya que se consideró que a los jubilados y pensionados se les vulneraban sus derechos ya adquiridos, como canasta básica, apoyo para gastos funerarios y adquirir medicamentos y estudios que no cubre el Isssteson.
Astiazarán Gutiérrez tuvo un plazo de 15 días hábiles para dar respuesta si se aceptó o no la recomendación de la CEDH, de manera que el 28 de marzo se venció el plazo sin que hubiera respuesta por parte del alcalde de Hermosillo, de manera que el 29 de marzo la CEDH notificó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local.
En ese sentido, se solicitó la comparecencia de Astiazarán Gutiérrez por no responder en tiempo y forma a la recomendación de manera formal; se le notificó para que estuviera presente el lunes 11 de abril y que hiciera su declaración.
De tal forma, el alcalde de Hermosillo explicó en su comparecencia que se realizó una negociación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo donde se realizó un nuevo “convenio colectivo”, con el que se logró un ahorro de 134 millones de pesos anuales al Ayuntamiento.
“Es importante aclarar algo que se ha venido ventilando públicamente, me refiero a que previo a la negociación del mencionado convenio sindical y mirando que las acciones del ayuntamiento estén siembre bajo estricto apego legal, se solicitó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) una opinión sobre el anterior convenio. No se pidió opinión sobre una cláusula, sino de todo el convenio”, comentó.
Sobre las prestaciones relacionadas con las recomendaciones de la CEDH, el ISAF emitió una opinión en el sentido de que el convenio solamente es aplicable para trabajadores en servicio activo del Ayuntamiento, pero no a favor de extrabajadores pensionados y jubilados.
“Básicamente nos dijo que los extrabajadores ya no pertenecían al sindicato precisamente, porque ya no son trabajadores, por lo que no deberían ser parte del convenio”, comentó Astiazarán.
Luis Fernando Rentería Barragán, titular de la CEDH, presente en la sesión, señaló que es preocupante que el Ayuntamiento no prestara importancia suficiente al asunto, pues la respuesta de la administración fue firmada por una persona que no está acreditada como representante legal de la Comuna; asimismo, dicha respuesta centró su postura en cuestionar la competencia de la CEDH en este caso.
“La controversia de este asunto no versa sobre la legitimidad del Ayuntamiento para definir sus políticas públicas y la orientación de sus finanzas, en realidad nos encontramos ante la vulneración por parte de una autoridad municipal respecto a derechos sociales reconocidos constitucionalmente y esto siempre ha sido un deber de protección de organismos como la CEDH”, dijo.
Además, resultó preocupante que en un intento de justificación se evocara una supuesta observación del ISAF respecto al clausurado del convenio colectiva, misma que el propio ISAF comunicó el 17 de marzo del 2022 que no fue una observación emitida, sino una opinión no vinculante, lo que ha generado la indignación de los pensionados y jubilados del Ayuntamiento.
Un problema que persiste
Por otro lado, cabe señalar que cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, la CEDH podrá denunciar ante el Ministerio Público, o a las autoridades administrativas competentes, a los servidores públicos señalados como responsables, en este caso, al alcalde Antonio Astiazarán.
Es importante señalar que desde el pasado 14 de enero de 2022, mil 456 jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo se han visto afectados tras el despojo de sus derechos adquiridos por parte de la Comuna.
Jorge Luis Encinas Gámez, vocero del movimiento, informó que se les quitaron los vales de despensa, apoyo funerario, apoyo de gastos médicos, entre otros, a pesar de que la mayoría de afectados son adultos mayores y con alguna enfermedad.
Tras casi cuatro meses de lucha, el grupo de afectados ha recurrido a manifestaciones pacíficas, bloqueo de vialidades e incluso se encadenaron a los pilares del Palacio Municipal con un ataúd para conmemorar a los compañeros que han perdido la vida durante este plazo.
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Fue así como acudieron a la CEDH, quienes emitieron una recomendación para el alcalde Astiazarán Gutiérrez, sin embargo, no se tuvo una respuesta, pues el plazo concluyó el pasado 28 de marzo del 2022.
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Con información de David Jaquez.
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