Los pobladores del río Sonora han tenido que asumir los costos de la salud y el agua potable, luego de las afectaciones generadas en el derrame de metales pesados por parte de la mina Buenavista del Cobre, mientras que no ha existido algún acercamiento con el gobierno estatal ni con Grupo México, aunque los daños económicos ascienden a más de 10 mil millones de pesos, afirmó Martha Patricia Velarde, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
En conferencia de prensa, los integrantes de los CCRS, acompañados de representantes de la organización por derechos humanos Poder, presentaron el informe “El camino hacia la verdad tres 8 años de impunidad en el Río Sonora”, donde con base en información oficial se dieron a conocer los resultados sobre los daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al ecosistema y a la economía.
“En la actualidad, tanto con Grupo México como con las autoridades gubernamentales de Sonora, no hay ninguna interacción. Simple y sencillamente, como Comités de Cuenca Río Sonora, la pretensión parece invisibilizar este movimiento y continuar en esa tónica de seguir aplaudiendo las acciones de una empresa que solo está actuando en su propio beneficio”, señaló Velarde.
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Entre los resultados presentados en el informe, destaca la presencia de metales pesados como arsénico, plomo y cadmio en grandes cantidades dentro de los habitantes de diversos puntos de la cuenca, se registró también la disminución de insectos, así como daños económicos por 10 mil 200 millones de pesos, que es más del triple que estimado en 2014 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y todavía cinco veces más que el monto destinado en el Fideicomiso Río Sonora, que solamente ejerció 40% de su presupuesto (mil 200 millones de pesos), luego de ser cancelado en 2017.
Sobre este último punto, los integrantes del movimiento comunitario afirmaron que el 8 de abril se reunieron con el INECC, que manifestó que el monto pagado por multa y las compensaciones entregadas por el extinto fideicomiso no cubren los efectos directos, indirectos y acumulativos que generó el derrame, afectando a la población los ecosistemas y a la economía; tampoco alcanza para cubrir los costos de monitoreo de salud y cuestiones ambientales.
Asimismo, el informe señala que la Dirección General de Gestión Integral y Actividades Riesgosas está realizando un nuevo plan de remediación para la zona afectada por el derrame tras demostrarse que el primer planteamiento para resarcir los daños nunca se realizó.
Respecto a la presencia de metales pesados en habitantes de la cuenca del Río Sonora, pobladores de ocho municipios mostraron una exposición a metales como plomo, arsénico, manganeso y cadmio, según un análisis realizado por la Cenaprece en 650 personas, donde el plomo está presente en 95% de la población, arsénico en más de 50% y cadmio en más de 79 por ciento.
“Ha sido una lucha fuerte y ardua puesto que nunca habíamos tenido, por lo menos, oportunidad de ver la disposición de una autoridad para tratar de solucionar; pero esta autoridad nunca ha sido por parte del Estado, sino que a todos los movimientos los ha ignorado totalmente y afrentado con actividades que ha estado teniendo a favor de la empresa y Grupo México no sé cuánto pagaría para que no existiéramos”, puntualizó.
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El movimiento que representa a las personas afectadas por el derrame demanda a las autoridades un plan integral y efectivo de justicia y reparación de daños, con una visión a largo plazo en cuestiones de salud, socioambientales, así como una perspectiva ecotoxicológica donde también se considera la instalación de una clínica de especialidades y de potabilizadoras con capacidad de superar metales pesados en las comunidades afectadas, además de que se sancione a la empresa responsable del desastre.
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