Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es insconsitucional la criminalización del aborto, en Sonora aún sigue sin legislarse en el Congreso local y en lo que va del año se han registrado 11 casos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Fue el pasado 7 de septiembre, cuando la SCJN determinó como inconstitucional la criminalización del aborto, por lo que se pronunció a favor de que mujeres y personas gestantes tengan acceso a este derecho sin enfrentar consecuencias penales.

A nivel estatal, el artículo 266 del Código Penal del Estado establece que “a la mujer que procure su aborto y a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de ella, se le aplicarán de uno a seis años de prisión y multa de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS)”, es decir, de mil 792 a 17 mil 924 pesos actualmente.

Tras la resolución de la SCJN se ha exhortado a las entidades federativas a legislar sobre la despenalización del aborto, por lo que se espera que el Congreso local comience a trabajar en este tema para garantizar los derechos de mujeres y personas gestantes.

Al respecto, Andrea Sánchez, integrante del colectivo Marea Verde Sonora, puntualizó que por primera vez en la historia del Estado, el Congreso tiene a una mayoría de mujeres, lo cual debería garantizar el avance en materia de derechos humanos que son especialmente vulnerados en las mujeres.

“En materia de derechos sexuales y reproductivos, con las recientes resoluciones de la Corte, las reformas a la ley deben de darse porque es inconstitucional penalizar a las mujeres por abortar de manera voluntaria”, señaló la activista.

Sin embargo, aseveró, actualmente no existe ninguna iniciativa sobre el tema de aborto en el Poder Legislativo del Estado.

“Desde Marea Verde Sonora tenemos casi tres años socializando información y, aunque no hemos ido a presentar oficialmente alguna iniciativa, han sido varios los escenarios donde hemos realizado exigencias en cuanto a nuestros derechos sexuales y reproductivos”, agregó.

En ese sentido, los criterios que se deberían considerarse, dijo, son las resoluciones de la SCJN, los de derecho internacional y el antecedente del aborto voluntario legal que existe desde el 2007 en la Ciudad de México.

A esto añadió que, aunque es difícil conocer la cantidad exacta de casos de mujeres encarceladas por abortar, dado que a algunas se les penaliza por homicidio “en 2016 se sabía de unas 700 mujeres enfrentando procesos penales por aborto y actualmente las organizaciones feministas tienen conocimiento de que son alrededor de 200”.

Las voces contra la despenalización

Por otro lado, Víctor Pacillas, miembro de la organización Poder Sonora, expuso que es preocupante que la SCJN haya dictado esta resolución como una obligación a seguir por parte de los gobernadores y congresos estatales.

“Está cayendo todo el peso en solamente los jueces, habiendo tantas personas de México, son personas que nadie votó por ellas y son decisiones que nadie las puede quitar. Eso es muy preocupante, porque pueden estar obligando a cada Estado a que legislen”, argumentó.

En ese sentido, mencionó que los diputados locales de Sonora deberán escuchar a los ciudadanos, pues son representantes de las personas que votaron por ellos.

“Si se aprueba el aborto en Sonora, realmente vamos a tener un alto numero de mujeres que se van a ir a practicar el aborto, lo hemos visto en los estudios. En la Ciudad de México, a 10 años de que se despenalizó, las muchachitas de entre 15 a 20 años, han ido a abortar en más de dos ocasiones. Lo están tomando, como método anticonceptivo”, expresó.

Asimismo, negó la existencia de mujeres encarceladas por abortar en México aunque argumentó que solamente cinco mujeres están en la cárcel por inducir el aborto a otras mujeres que terminaron muriendo.

“Más allá de eso, los datos nos arrojan que 111 hombres están en la cárcel al ser proxenetas, que usaban a las mujeres como objeto sexual y al quedar embarazadas las llevaron a abortar. Eran hombres que practicaban abortos a mujeres y desgraciadamente fallecieron. La mujer no está siendo criminalizada, no hay ningún caso en México de mujeres en la cárcel por abortar”, aseguró.

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Mientras tanto, asociaciones feministas en el país estiman la existencia de más de 200 mujeres detenidas en México por delitos relacionados con el aborto, los cuales se encubren al emitir condenas por crímenes como homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio y omisión de cuidados.