El desplazamiento forzado es un tema que debería ser visibilizado y del que poco se habla, a pesar de que es una manifestación de las consecuencias de la violencia y la inseguridad en los municipios de Sonora.
La directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, Krimilda Bernal Hoyos, mencionó que, actualmente, son pocos los organismos que ofrecen datos sobre personas desplazadas a nivel nacional y estatal, por lo que darle visibilidad a esta situación puede resignificar las consecuencias de la inseguridad, ya que no se considera una situación recurrente en Sonora, pero las afectaciones para las familias pueden ser devastadoras.
“Es algo que no se toca con la frecuencia que debería, es algo que debería visibilizarse, porque esto pasa por la violencia que estalla en los municipios, estos terminan por volverse en pueblos fantasmas porque la gente se va tanto a Estados Unidos, o si son de zonas rurales se van a los municipios más grandes, cualquier parte donde se sientan con mayor seguridad y su integridad no corra riesgo”, destacó.
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Sin embargo, manifestó es una situación difícil de monitorear, porque se puede ver la migración como un fenómeno, pero es más complicado verificar que se trate de desplazados internos por violencia, de manera que no existe una base de datos, pues a diferencia de los homicidios, donde se generan carpetas de investigación, no se registra cuántas personas se mudan a otro lugar por cuestiones de violencia.
Familias se han ido de Cajeme, Guaymas y Caborca
A pesar de lo anterior, señaló que existe conocimiento de familias que se han desplazado por la violencia en los municipios de Sonora; donde más se han registrado es en Cajeme, Guaymas y Caborca, aunque no se puede limitar únicamente a esos municipios.
“Hace 15 ó 20 años llegaban a Sonora personas de otros estados con situaciones muy intensas, como Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, o incluso Coahuila, aquí se pensaba que eso nunca iba a pasar en el estado”, dijo.
Mientras tanto, las autoridades deberían considerar esta consecuencia para la economía de los municipios, dado que los desplazamientos internos no se toman en cuenta como una afectación más de la constante violencia, por lo que su inclusión podría visibilizar la situación y dimensionar sus causas a nivel local.
Faltan recursos para enfrentar la inseguridad
Por su parte, Octavio Sánchez, coordinador de la Mesa de Seguridad de Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, puntualizó que, ciertamente no es una variable que se mida ni siquiera a nivel nacional, aunque no parece ser un problema severo en la entidad, pero se sabe por organizaciones de la sociedad civil que sí lo han llevado a cabo.
Tal es el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cual ha investigado con fuentes de primera mano que en 2021, hay casi 29 mil personas desplazadas en el país por motivos de inseguridad y violencia, siendo los estados de Michoacán, Chiapas y Zacatecas los que agrupan al mayor número de desplazados.
“Hay otro tipo de desplazados que no dudo que aquí en Sonora se den, por ejemplo, cuando la violencia estuvo muy fuerte en Nuevo León, mucha gente se fue a vivir a Texas; regresaban a Nuevo León a dar una vuelta a sus negocios y se regresaban a Estados Unidos, estos tienen forma de resolver el problema con holgura, pero no hay estadística, eso lo sabe uno porque lo lee o tuvo contacto”, agregó.
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De tal suerte que, ante el escenario de inseguridad, quienes tienen los recursos económicos, han buscado formas de llamar la atención del crimen organizado lo menos posible, cambiando autos o camionetas de lujo por vehículos de gama media o más sencillos, a fin de no ser un blanco de secuestros o asaltos del crimen organizado.
En ese sentido, aseguró que uno de los principales problemas es la falta de recursos federales y estatales para garantizar la seguridad y atender los problemas estructurales que derivan en un reforzamiento del crimen organizado y la inseguridad, por lo que es necesario atender la situación de pobreza, la falta de educación y de oportunidades laborales para desarrollarse.
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