En el último año las demandas por la falta de pago en pensiones alimenticias para niñas, niños y adolescentes incrementaron hasta un 33% en Sonora, alertó Gabriela Herrera, abogada de Jurídicas Feministas A.C.

A nivel estatal, cada vez son más las personas que buscan iniciar un proceso legal para brindar certeza alimentaria a sus hijos cuando uno de sus padres no contribuye en su desarrollo, por lo que recurren a las denuncias contra deudores alimentarios.

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De acuerdo a datos del Poder Judicial del Estado, en 2022 se registraron 23 mil 842 demandas familiares, mientras que mil 719 fueron juicios orales por pensión alimentaria.

Después de los divorcios incausados, divorcios voluntarios, juicios intestamentarios y jurisdicción voluntaria, los juicios orales de alimentos son los más registrados en el Estado con 7.2%.

Pese a que en Sonora el Congreso del Estado aprobó realizar un padrón de deudores alimentarios en 2018, el pasado 22 de marzo el Senado de la República avaló una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Se trata de un padrón de personas a las que se les impedirá salir del país, buscar un cargo de elección popular o hasta casarse, al menos de que cumplan con sus responsabilidades económicas.

La reforma lleva el nombre de “Ley Sabina” y, desde un inicio, la impulsó una mujer oaxaqueña llamada Diana Luz Vásquez Ruiz, madre de la niña Sabina, quién era víctima de la irresponsabilidad económica de parte de su padre.

Gracias a la lucha de miles de mujeres, después de algunos años, se logró obligar a los deudores alimentarios para que se hagan cargo de sus responsabilidades como padres y atiendan las necesidades de supervivencia y sustento de sus hijos.

Detrás de esta nueva reforma que promete generar un cambio positivo en la población de madres solteras, niñas, niños y adolescentes, se encuentra el esfuerzo legal de mujeres en la lucha.

Para Gabriela Herrera, directora de Jurídicas Feministas A.C., organización que presta servicios a niñas y mujeres en Hermosillo, Sonora, esta aprobación de la Ley Sabina es un avance para el desarrollo social.

“Es duro, la verdad, cómo ha ido aumentando un 33% lo que tiene que ver con las demandas de pensión alimenticia o denuncias de incumplimiento de alimentos, por lo que me parecen muy buenos los puntos que coinciden también con la Ley 3 de 3 que nosotras presentamos en Sonora”, expresó.

La directora de Jurídicas Feministas resaltó que la Ley 3 de 3 señala que todo deudor de pensión alimenticia o que tenga algún tipo de denuncia no podrá ser servidor público.

“No es solamente cumplir con lo económico, sino que también es todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosocial, emocional y todos los cuidados, así como la responsabilidad escolar. Es mucho lo que rodea una responsabilidad paterna y ellos sólo lo reducen al recurso económico”, mencionó.

Gabriela Herrera resaltó que le parece importante la propuesta de considerar un delito el abandono de una mujer embarazada, “un delito que ya es reconocido en la Legislación de Nuevo León y Guerrero”.

“Es muy importante el punto en el que se reconoce que no hay una responsabilidad en el ámbito del ejercicio de la sexualidad y reproducción de los hombres”, señaló.

En este sentido la directora de Jurídicas Feministas respalda que las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos se deben a una falta de responsabilidad de los hombres sobre la planeación y sobre su reproducción, por lo que deciden dejar esa carga a las mujeres.

“Nosotras ganamos el 40% menos que ellos y nos hacemos cargo de nuestro ginecólogo, de los métodos anticonceptivos y de las hijas y los hijos”, detalló.

Por otro lado, expresó que para la organización es una buena noticia el dictamen del Senado, pues llega a reforzar lo que las mujeres piden en Sonora, esto referente a que no debe haber ningún agresor en el poder.

“Ya era hora que nuestro país volteara a ver a las niñas y niños, ya que es un problema recurrente el abandono de los menores y es una responsabilidad del Estado, según lo señala el artículo cuarto institucional”, compartió.

“Llamaradas Violetas” reconocen avances

Los colectivos feministas en todo el país se mantienen en una constante lucha por los derechos de las mujeres, y en este caso, todas las madres de menores de edad que han sido descuidados por sus padres tienen mayor voz ante el tema de la Ley Sabina.

Llamaradas Violetas es una organización de Hermosillo, Sonora, que se mantiene en constante vigilancia sobre la nueva reforma del Senado.

“Como feministas, sabemos que es de gran importancia la implementación de la Ley Sabina en todo México. Es un avance en la lucha del reconocimiento de que la pensión alimenticia es un derecho de las niñas y los niños”, señaló el colectivo.

Por otro lado, expresaron que el registro de no deudores y las restricciones que conlleva, no es una solución inmediata de las injusticias a las que tanto infantes como madres han vivido por parte de la irresponsabilidad de los padres.

“Sin duda es un logro, pero hay demasiado trabajo por hacer, tanto en políticas públicas, como en lo sociocultural para que realmente las madres y las crías tengan una vida digna”, mencionó el grupo de feministas.

Hombres también apoyan la Ley Sabina

La Ley Sabina favorece a niñas, niños y adolescentes, pero de igual forma es un apoyo indirecto para las madres de familia solteras. Esto no quiere decir que la noticia sea positiva solo para la comunidad femenina de México, pues también se cuenta con el respaldo legal de los hombres.

El abogado Luis Cortés, de Hermosillo, Sonora, opinó que la nueva reforma es una iniciativa favorable, ya que gran cantidad de funcionarios públicos no se hacen cargo de sus hijos o simplemente no los reconocen.

“Los mecanismos que van a utilizar están muy bien porque básicamente les van a bloquear muchos trámites administrativos y muchas oportunidades de puestos”, resaltó.

De igual forma, confesó que será un proceso difícil, ya que habría que reformar muchos reglamentos internos de las dependencias que obliga a crear una base de datos, lo que implica un reto para quienes lo lleven a cabo.

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Por otro lado, el abogado Gerardo Mata mencionó que el crear un registro de Deudores alimentarios, es positivo e importante.

“No debemos olvidar que los deudores alimentarios tienen un carácter al poder probar que requieren de los recursos para tener una vida digna, por lo que una persona que omite con sus obligaciones perjudica a la otra de tener lo mínimo indispensable”, puntualizó.

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