Para darle seguimiento a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, se propuso ante el Congreso del Estado la creación de la Fiscalía Especializada en Delito de Tortura en Sonora.
Durante sesión ordinaria, la diputada Rosa Elena Trujillo Llánes presentó ante el Poder Legislativo la iniciativa de Ley que propone crear la Fiscalía Especializada en Delito de Tortura, mediante la reforma de diversos párrafos del artículo 97 de la Constitución del Estado.
“La dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta, en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada”, dijo.
Lee también: La CEDH cumple 30 años de lucha en Sonora
La legisladora señaló que la o el titular de dicha fiscalía especializada sería designada en los mismos términos que las personas titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y anticorrupción, durante en el cargo el mismo tiempo que ella.
“Con la creación de la fiscalía especializada no sólo estaremos dando cumplimiento a una Ley, sino que estaremos garantizando el respeto a la dignidad humana de las y los sonorenses, la cual como ya lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó.
La Mesa Directiva del Congreso del Estado deberá notificar los términos de la Ley a todos los ayuntamientos de la entidad para que emitan su aprobación o rechazo, de manera que en caso de que la mayoría apruebe los términos, los resultados serán remitidos al Poder Ejecutivo para que sea publicado en el Boletín Oficial del Estado.
¿Quieres recibir noticias directo en tu celular? Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp
Mientras tanto, los ayuntamientos tienen un plazo de 45 días naturales para emitir su rechazo o aprobación tras ser notificados por el Congreso local, de manera que la Ley entrará en vigor a partir del siguiente 1 de enero del 20223.
¡Regístrate y accede a la edición digital de nuestro semanario!