Durante la última sesión de la diputación permanente, ante el pleno del Congreso local de Sonora, diputados de diversos partidos presentaron iniciativas que favorecen el desempeño de los elementos de distintas corporaciones de Seguridad Pública en el estado.
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Jesús Alonso Montes Piña, diputado del Partido Encuentro Solidario (PES), presentó una iniciativa que promueve la creación de un Fondo de Previsión Social destinado a elementos de la policía estatal, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como de la Policía Preventiva y Tránsito de los diferentes municipios de Sonora.
Este fondo prevé que se garanticen a los elementos de las diversas corporaciones, así como a sus familiares, prestaciones como seguro de vida, pensión por jubilación, indemnización por retiro, además de préstamos a corto, mediano plazo y para mejoramiento de vivienda.
“Urge rescatar a nuestras policías invirtiendo en mejores sueldos y prestaciones, en capacitación adecuada, en mejores equipos e infraestructura, y qué mejor que creando un fondo a nivel estatal que permita créditos a corto y mediano plazo exclusivamente para el gremio”, comentó el legislador.
De tal forma, el pleno resolvió turnar la iniciativa a las comisiones de Asuntos del Trabajo y Seguridad Pública de forma unida, para su análisis, estudio y, en su caso, dictaminación.
Asimismo, la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Magdalena Uribe Peña, presentó ante el pleno diversas adhesiones al Código Penal del Estado de Sonora para aumentar las penas a quienes sean responsables de asesinato o agresiones físicas hacia elementos de policía.
“Hemos sido muy poco empáticos con la violencia que se ha venido ejerciendo en contra de nuestros protectores sociales y considero que este tipo de incidentes no solamente dañan a quienes son víctimas sino que también atentan en contra de todos y cada uno de nosotros”, señaló.
De tal manera, según las adhesiones propuestas, si una persona comete homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de administración, procuración o impartición de justicia, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte.
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Además, cuando el asesianto sea cometido a propósito de un allanamiento de morada o asalto, quien resulte responsable pagará con prisión de veinticinco a cincuenta años.
Finalmente, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis, estudio y, en su caso, dictaminación.
