Una década no ha sido suficiente para que las autoridades ofrezcan respuestas a los miles de pobladores de las distintas comunidades que conforman el Río Sonora, pues a 10 años del ecocidio más grande en el país, sigue la impunidad y el desinterés de Grupo México por resolver el daño que causó al medio ambiente y a la salud de las familias en esa zona reclaman miles de afectados.
Con una acto conmemorativo, integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, activistas y sociedad en general, realizaron un mitin-protesta en la plaza Emiliana de Zubeldia en Hermosillo para reiterar la exigencia a los gobiernos de que ese capítulo no debe quedar en el olvido y sí hacer justicia a quienes perdieron la vida por enfermedades o que padecen secuelas por el consumo de metales pesados que se acumularon desde agosto del 2014 a la fecha en ese caudal.
En dicho lugar, se colocó un anti monumento que fue construido con diversos materiales, para que quienes lo vean no olviden el atentado que se cometió en agosto del 2014 por parte del consorcio minero que vertió 40 mil metros cúbicos de soluciones químicas en ese caudal.
Al son de "justicia, reparación y no repetición", el grupo de luchadores sociales representados por Martha Patricia Velarde, emitieron un posicionamiento con el que enfatizaron que todavía hay muchas asignaturas por cumplir tanto por el consorcio minero como por las instancias gubernamentales involucradas en el tema.
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"Nos consterna saber que no se han hecho público resultados hechos hace años a más de 600 personas, no se reconoció que hay contaminación en la sangre de las personas porque fue declarado como confidencial. Ningún habitante debe ser privado de su derecho a la salud”, expuso.
Dentro de los pendientes está la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica (Uveas), la cual estaba planeada para hacerse en Ures, pero durante este tiempo no se ha definido si se retomará ese proyecto, además de la activación de seis plantas potabilizadoras, ya que solo la de Ures y una más en otra localidad están en funcionamiento.
A pesar de los constantes llamados que han hecho como organizaciones civiles a las autoridades federales, no han logrado que se les hagan estudio fidedignos a todos los habitantes, dado a que hay personas que han fallecido por males relacionados al consumo de agua contaminada y nadie les da respuesta a sus familias, cuestionaron.
"Es necesario dejar la simulación. Ya dijeron los jueces, hay que moverse en la dirección correcta. No hay plantas potabilizadoras activas, no hay acceso de agua limpia a nuestras comunidades”, añadió.
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Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño emitió un posicionamiento a través de sus cuentas en redes sociales en el que reiteró su respaldo a las más de 22 mil personas que residen en los municipios que colindan con el Río Sonora.
"A 10 años del desastre ecológico más grande y de mayor impacto social en la historia de Sonora, quiero reafirmar sin reservas el compromiso del gobierno que encabezo para trabajar en plena sincronía con el gobierno de México para garantizar una atención integral a los habitantes de la región del Río Sonora en salud, rescate ambiental y recuperación productiva", escribió.
Dio a conocer que mediante de la Secretaría de Salud estatal en coordinación con el Gobierno Federal, se atiende a los habitantes de Aconchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures, Arizpe, Bacoachi, Banámichi y Baviácora con jornadas de salud móviles, vigilancia epidemiológica y saneamiento municipal, entre otras, así como con la rehabilitación y ampliación del Hospital Comunitario de Ures, en el que se invierten alrededor de 100 millones de pesos y que atenderá a más de 62 mil 700 beneficiarios de la región.
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