Ante el Poder Judicial del Estado, aumenta la incidencia de delitos contra el desarrollo y dignidad de las personas, así como de índole sexualDe acuerdo a las estadísticas del Anuario 2022 del Supremo Tribunal de Justicia estatal, los actos de corrupcion de menores, discriminación al que niegue o restrinja derechos educativos, exhibición pública obscena, exhibiciones públicas obscenas con menores de edad, así como provocación de un delito y apología de este o de algun vicio forman parte de los delitos contra el desarrollo y dignidad de las personas.
Además del sexting, el uso de imágenes de menores de edad y la violación a la intimidad, que en total sumaron 77 casos en comparación a los 32 que se presentaron en 2021.
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Mientras que en el capítulo de delitos sexuales, que incluyen el abuso, acoso, estupro, hostigamiento, incesto, relaciones sexuales remuneradas con menores de edad y violación se registraron 780 casos, ante 473 de las contabilizadas en 2021 en el STJ.
Al respecto, Gabriela Herrera Valdez, directora del grupo Jurídicas Feministas A.C., declaró que Sonora se encuentra entre los primeros lugares de reportes relacionados con los delitos antes mencionados, sobre todo sexuales y con más mujeres víctimas, a pesar de que se cuenta con una Alerta de Género en el Estado.
“No se ha tomado en cuenta la Alerta de Género en la que estamos, las víctimas realmente están abandonadas y sí se requiere que se le asigne un recurso, que se le de importancia, las mujeres somos más del 50% de la población”, expresó.
Años anteriores, mencionó que la agrupación que brinda apoyo legal a personas afectadas por estos delitos recibía en promedio dos casos diariamente, pero en lo que va del 2023 cada día son alrededor de cuatro, en especial por violencia hacia la mujer en sus diferentes tipos.
“Con la pandemia se detonó, pero lo que antes era nuevo sobre la virtualidad ahora ya es una cotidianidad vivir en lo virtual y efectivamente la violencia no ha disminuido, se ha ido transformado, conforme se van transformando los medios de comunicación y las redes de comunicación”, declaró.
Pese a que ha incrementado la incidencia delictiva ante el Poder Judicial, resaltó que el proceso para realizar las denuncias ha llegado a convertirse en un viacrucis para las víctimas al nivel de sentirse más agredidas.
Expuso que el proceso para denunciar algunos de los delitos puede alcanzar hasta nueve horas, mientras que los litigios y juicios duran entre un año y un año y medio, como ha ocurrido con las personas que han ayudado en el colectivo.
“Muchas de ellas nos han comentado que ‘creo que en este punto me siento más violentada por la institución que por mi agresor,’ por ejemplo, son el tipo de comentario que nos han hecho porque para poner la denuncia se requieren entre cuatro y seis horas, ocho horas máximo mientras toman la denuncia, les hacen los peritajes correspondientes, si acaso les dan las medidas de protección porque está sobresaturado el Centro de Justicia”, externó.
Entre las quejas y factores que contribuyen a este rezago, denunció, está la saturación del Centro de Justicia para Mujeres, que también atiende a hombres, además de que los Ministerios Públicos no brindan información y los afectados no pueden acceder a las carpetas de investigación de sus casos.
“El objetivo es que se repare el daño causado y que no se repita el delito, en este caso ni siquiera ellas acceden a una reparación de daño que pueda cubrir sus terapias psicológicas, no se cuenta con este acceso”, resaltó la licenciada en Derecho.
En Sonora la mayoría de los casos se solucionan con juicios abreviados, agregó, en los cuales a los imputados se les aplica la mitad de la pena, “son sentencias que no tienen reparación del daño y que los agresores pasan la mitad del tiempo que deberían en prisión”.
Por su parte, Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, coincidió que en que las autoridades están rebasadas para atender estos casos debido a la falta de personal y de presupuesto suficiente, incluso para una prevención integral de los delitos.
“El tema de impunidad es otro más importante, es algo que se ve reflejado cuando no hay consecuencias ante ciertos delitos que atentan de forma tan desproporcionada a más del 50% de la población”, manifestó.
Reconoció que cuando se trata de delitos contra el desarrollo y la dignidad de las personas, así como de violencia sexual la situación es compleja y el proceso se vuelve difícil para las víctimas, por ello no en todos los casos se denuncia.
“Porque al momento de ir a poner denuncias o tratar de acercarse a la justicia se vuelve difícil y doloroso para las víctimas porque no se les cree, se les desestima, o pasan por todo un viacrucis para poder lograr tener una denuncia que puede llegar a tardar hasta 9 horas, es un estimado de casos que escuchamos, hay quienes pueden tomar tres horas dependiendo del caso y el MP del que te toque”, admitió.
Aunque la mayoría de los casos las mujeres y menores de edad son los afectados, también hay hombres que son agredidos con estos tipos de violencia, pero por cuestiones de masculinidades se inhibe la denuncia.
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“El que existan estos delitos y que se vean esos incrementos en el poder judicial importan, incentivan a las personas a poner sus denuncias, porque entonces si no hay una denuncia entonces para las autoridades no existe ese caso y no se registra, si no se registra no pasó.
Datos del Observatorio Sonora por la Seguridad indican que en los primeros tres meses del 2023 se han incrementado 6.54% las carpetas de investigación por diversos delitos, en el caso de feminicidios se han registrado seis casos y 39 homicidios dolosos de mujeres.
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