A favor de que se haya aprobado la "supremacía constitucional" se mostró el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al considerar que se evitará que otros poderes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interfieran en reformas que se promueven a nivel federal.
En entrevista, el mandatario estatal comentó que es positivo que el Congreso del Estado haya avalado dicha reforma, al igual que otros 17 congresos locales en el país, lo que da pie a que se quede sin efecto cualquier amparo o recurso que interponga esa o cualquier otra instancia a lo que se proponga por el Gobierno de la República o alguno de los otros poderes.
"Me da mucho gusto que el Congreso del Estado haya aprobado esta iniciativa, la reforma constitucional; creo que da mayor claridad y certeza jurídica a lo que hemos estado viviendo desde el Poder Judicial", externó.
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Fue el miércoles cuando la Cámara de Diputados validó la iniciativa que proponía cambiar los artículos 105 y 107 de la Constitución Mexicana, pero se requería el respaldo de 18 poderes legislativos locales para que fuera efectiva, lo cual lo consiguieron en cuestión de horas.
"Es francamente una aberración jurídica, que los ministros de la SCJN se sientan con derecho, con capacidad jurídica para enmendarle la plana a una modificación constitucional realizada por el constituyente permanente que está integrado por la Cámara de Diputados, Senadores y cuando por lo menos 17 congresos estatales", complementó.
La votación a nivel local quedó de la siguiente manera: 25 votos a favor por parte de Morena y partidos aliados, mientras que de la oposición seis se mostraron en contra, siendo los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
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Durazo Montaño añadió que ha sido la decisión del pueblo que se dé la elección de los integrantes del Poder Judicial, tal y como sucederá en 2025 y 2027, de ahí que no habrá argumento ni alegato que pueda situarse por encima de la soberanía popular.
"Toda modificación constitucional requiere de un respaldo democrático sumamente amplio, que difícilmente podría contrarrestar los intereses o atribuciones de un magistrado, así sea de la Suprema Corte", finalizó.
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