El 35 por ciento del total de los ex concesionarios de transporte urbano de Hermosillo, requisados en 2018, han aceptado la compensación ofrecida por el gobierno de Sonora, cuyo proceso de liquidación inició el 5 de abril, aseguró Álvaro Bracamonte Sierra.
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Sin embargo, el secretario de Gobierno de Sonora mencionó que algunos de los ex concesionarios no han aceptado el paquete de liquidación ofrecido, por lo que se encuentran todavía realizando manifestaciones a las afueras del Palacio de Gobierno.
“Quiero decirles que varios de ellos no son concesionarios, el acuerdo que tienen esos concesionarios, que originalmente poseen ese permiso, pues es que si no pueden asistir al traqueteo que hacen, le tienen que pagar a otra persona para que venga a realizar el matraqueo que escuchamos todos los días”, afirmó.
Supuestamente, algunos de los presuntos ex concesionarios reciben alrededor de 300 pesos diarios por acudir a manifestarse haciendo sonar cacerolas y matracas en el plantón a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir que se les restituya la concesión requisada en 2018.
“Es un compromiso que los ex concesionarios tienen entre ellos: mantener la manifestación viva, y para ello se han comprometido que cuando uno de ellos no asiste a este plantón, el compromiso es que envié a un familiar, amigo o a alguien que pueda recibir esos 300 pesos, para nosotros es mantener una manifestación y un plantón artificialmente y eso desde luego somos pacientes porque creemos que poco a poco los concesionarios van a terminar por aceptar la propuesta que hemos hecho”, añadió Bracamonte Sierra.
De tal forma, señaló que se espera que en los próximos días, el resto de los inconformes acepten poco a poco la propuesta realizada por la actual administración, así como han hecho el 35 por ciento de los manifestantes.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puntualizó que no existe margen presupuestal para agrandar la propuesta de liquidación, además de que las necesidades en el servicio del transporte son urgentes, por lo que no se puede modificar la oferta del gobierno estatal.
“Venían recibiendo lo que llamaban una rentabilidad desde 2018, casi 10 mil pesos mensuales por concesión… Eran 6 millones de pesos mensuales, 72 millones anuales, en tres o cuatro años ya estás hablando 350 millones de pesos, en un sexenio estás hablando de 450 millones de pesos, sin ninguna utilidad para la gente y el usuario del transporte, es inadmisible”, dijo.
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En ese sentido, el mandatario comentó que se les ofreció 500 mil pesos para cerrar el litigio, aunque si hay interés en buscar más recursos pueden acudir a las instancias jurídicas, por lo que en caso de que exista una sentencia contra el gobierno estatal, una vez que se agoten todas las opciones, la administración la atenderá como corresponde.