Al no haber reparación del daño a los habitantes de los municipios afectados por la contaminación del Río Sonora y Bacanuchi, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) exigieron medidas cautelares a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que rindiera resultados.
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Son siete años ya en los que se emprendieron acciones de litigio por las comunidades, a quienes no se les ha reparado los daños causados por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi que afectaron a la población de ocho municipios.
Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), organización que acompaña el proceso de defensa y organización de los CCRS, mencionó que entre las medidas solicitadas se encuentran la de canalizar a la población afectada, lo que podría ascender a miles de personas, explicó, a centros de salud adecuados para monitoreos, diagnósticos y detección de enfermedades derivadas de la exposición a metales pesados.
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Además, se pide la reubicación de los pozos contaminados con metales pesados así como un llamado urgente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y demás autoridades competentes restablezcan la calidad del agua del uso y consumo humano en los municipios afectados.
“Las medidas cautelares buscan salvaguardar la salud de la población de manera urgente, sobre todo frente al consumo constante de agua contaminada, en tanto no haya una solución definitiva al problema de fondo que es la reparación integral del daño, y de los compromisos que en su momento hicieron la empresa responsable y el gobierno mexicano y que no se entiende por qué no fueron cumplidos, por ejemplo, la construcción de 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud. No se puede postergar más este asunto. Urge una respuesta”, asegura Hopenhaym.
Por su parte, integrantes del CCRS emitieron un comunicado donde fijan su postura al respecto a siete años del desastre ambiental provocado por el derrame minero, “Estos siete años hemos visto a las autoridades de todos los niveles, a los políticos y a los empresarios negar la existencia de la contaminación y al mismo tiempo buscar aprovecharse de nuestra situación para su propio beneficio, sin embargo, nosotras no nos hemos doblegado ante quienes buscan desarticularnos y frenar nuestras ganas de defender nuestra fuente de vida: el agua”, cita en su pronunciamiento.
Por estas y más razones, se emitieron siete exigencias fundamentales como la no simulación y sí a la articulación de competencias entre el gobierno federal, estatal electo y autoridades municipales para garantizar el derecho humano al agua.
Además de tener una respuesta y atención urgente de la Profepa para que se dicten medidas cautelares necesarias para salvaguardar la salud de la población así como abastecimiento de agua potable, salubre y suficiente.
Al igual que la gestión, instalación y funcionamiento de las plantas potabilizadoras, creación del plan de remediación y monitoreo constante de contaminantes en el medio ambiente en aire, suelo, agua, fauna y flora.
Se exige la reactivación del fideicomiso para reparar los daños con participación efectiva así como la rendición de cuentas de Grupo México, donde se apliquen sanciones y castigo a la empresa responsable por el derrame de tóxicos.
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Hasta el momento la Profepa no ha emitido un comunicado al respecto donde de una réplica a las exigencias de los grupos inconformes y en lucha por los derechos de los ciudadanos afectados.
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