Como parte del proceso informativo hacia los agremiados sobre las acciones que realizan, así como la lucha que mantienen para la dignificación en diversos temas, la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) en Sonora llevó a cabo la edición número 25 de la Asamblea Estatal Plenaria.
Ante la presencia de autoridades federales, estatales y locales, el dirigente estatal de la organización, Javier Villarreal Gámez pronunció que es urgente resolver asuntos referentes a la salud, vivienda, condiciones laborales, entre otros, que impactan de forma directa a los miles de trabajadores en la región.
"Nos preocupa mucho el tema del IMSS, por ser la principal institución de atención de salud para los trabajadores, porque por errores en políticas empieza a decaer, de repente se centraliza todo en México y no avanza", expresó.
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Ese y otros asuntos fueron abordados en las mesas de trabajo, donde se recogió el sentir de los afiliados, cuyos planteamientos fueron o serán presentados a las autoridades correspondientes, en busca de que se obtengan soluciones.
Otro asunto prioritario, enfatizó, es la falta de oportunidades para adquirir un hogar, debido a que cientos de miles de empleados no disponen de créditos competitivos para alcanzar a tener un patrimonio, debido a que el mercado es muy limitado.
Y es que al suprimirse el subsidio que se otorgaba a partir del 2019, se ha desencadenado un escenario complicado para los aspirantes a créditos hipotecarios mediante el Infonavit, recalcó, ya que sin ese apoyo no es suficiente los préstamos que reciben los derechohabientes.
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Aunado a ello, refirió que se ha dejado de construir vivienda popular que ha provocado que se incremente de 80 mil a más de 250 mil personas que están en espera de ejercer sus créditos, sin que tengan opciones claras al respecto.
"Esto ha derivado en un hacinamiento en los hogares, que afecta a trabajadores por no dormir bien, entre otros factores, por eso pedimos al gobierno que haga algo. Parece que pegó la propuesta hecha hace más de un año, parece que se va a adoptar. Una opción es que el gobierno federal mediante la Sedatu aporte la tierra, que el gobierno del estado le meta servicios y que los ayuntamientos exenten el cobro de permisos e impuestos en vivienda popular", cuestionó.
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