A través del Modelo de Justicia Alternativa, la Fiscalía General de Justicia del Estado ha recuperado 45 millones 920 mil 804.28 pesos para víctimas de diversos delitos, al obtener en tan sólo seis meses 2 mil 750 acuerdos reparatorios.
Puedes leer: El 85% de víctimas de trata son mujeres
La Fiscal General de Sonora indicó que los acuerdos obtenidos son desde el 1 de septiembre de 2021 al 15 de marzo del presente año, destacándose el delito de incumplimiento de obligaciones familiares.
“Anteriormente en el sistema tradicional, era muy poco factible que realmente las víctimas vieran una reparación del daño eficaz, actualmente, con estos acuerdos reparatorios, hemos observado cómo en este periodo de tiempo ya se han entregado esos 45 millones”, comentó Claudia Indira Contreras Córdova.
Asimismo, aclaró que mil 584 acuerdos fueron diferidos y mil 166 inmediatos, siendo también daños culposos con 599, lesiones culposas 375, robo en todas sus modalidades con 314, lesiones de menos y más de 15 días con 281; fraude con 128 convenios.
Mientas que en el caso de daños fueron 110, culposos por tránsito de vehículo 68, entre otros delitos que aportaron al monto superior a los 45 millones de pesos.
Cabe señalar que la Fiscal General indicó que en el caso de incumplimiento de obligaciones familiares y sustracción de menores, en el mismo periodo de seis meses, la Fiscalía de Sonora ha protegido a 868 personas menores de edad y a 832 se les aseguró alimento.
Al contar con más de 60 personas facilitadores certificadas, siendo de las entidades con mayor número en el País, con la cobertura en 15 bases de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias distribuidas en el Estado.
Por otra parte, hubo 80 adolescentes restaurados por la FGJE Sonora mediante acuerdo reparatorio y se recuperaron 544 mil 687 pesos, atendiéndose 10 delitos, facilitándose la convivencia entre la sociedad.
¿Quieres recibir noticias directo en tu celular? Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp
“Se resuelve el conflicto de resarcir el daño, reconstruir el tejido social y el entorno al atender un desarrollo social dañado, descongestiona el proceso penal, permite la focalización de investigación en asuntos de mayor impacto cuando se puedan disponer de menos recurso humano e incide en una cultura de la paz, no se castiga como privación de libertad, porque se resuelve un conflicto”, externó la Fiscal.
Mantente informado y síguenos en Google News.
