Que se regule el uso de la Fuerza Pública en instituciones policiales de Sonora es la intención de la iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado, que de aprobarse ayudará a que los ciudadanos que son detenidos sean tratados con respeto y no con reacciones desmedidas.

La diputada local, Amairany Peña Escalante es quien promueve dicha reforma, que implica reformar la Ley para que quienes dirigen las instancias o corporaciones encargadas de la seguridad en la entidad se conduzcan con pulcritud al momento de realizar detenciones.

Explicó que la propuesta tiene la finalidad de armonizar la ley estatal con la ley federal, a raíz del mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras haber presentado ella una iniciativa en la Cámara de Diputados cuando fue legisladora federal, sobre la necesidad de que se pusieran límites en el uso de la fuerza y en la definición de los principios de prevención y proporcionalidad.

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"Ahora lo estamos armonizando a la ley del estado, con el objetivo de evitar que las autoridades hagan un uso indebido de la fuerza, por eso se legisla justo en una palabra muy importante: racionalidad", declaró la legisladora, que forma parte de la bancada del Partido Encuentro Solidario (PES).

Puso como ejemplo historias que trascienden de ciudadanos que suelen verse afectados por el proceder de ciertas autoridades al momento que se ejecutan órdenes de cateo y los agentes destruyen los domicilios, o bien, cuando se detiene a alguna persona y se despliega un operativo con decenas de elementos, lo cual se vuelve hasta desproporcionado.

"Por eso queremos legislar esto, para defender a la ciudadanía y sus derechos humanos, pero también para dotar a los elementos de seguridad de una ley, que les diga cómo usar en su caso, pues, el uso de la fuerza. Es importante armonizar las leyes federales para que no haya discrepancias", declaró

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Recordó que la adición al artículo segundo de la ley define que el uso de la fuerza tiene como finalidad “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.

Así mismo, el Artículo 10 se define que el principio preventivo del uso de la fuerza debe llevarse a cabo: “con operativos para el cumplimiento de la ley, planificados y llevados a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar, con fundamento en la erradicación de estereotipos culturales de género que propician la violencia física y simbólica en contra de cualquier individuo”.

Peña Escalante mencionó que otra de las situaciones comunes que se dan en las que impera el uso excesivo de la fuerza es cuando se detiene a personas bajo los influjos del alcohol y las autoridades suelen reaccionar agresivos para detenerlos, por ello se consolidarse esa reforma se reducirán los malos tratos y se hará vigente el respeto a las garantías individuales.

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