El gobernador Alfonso Durazo presentará una iniciativa al Congreso del Estado para generar cambios en la administración pública de Sonora, los cuales aseguró que seguirán una lógica estricta y no discrecional.
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Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal aseveró que buscará generar cambios imprescindibles para eficientar el desempeño de las instituciones públicas y para que cualquier persona que lo releve al final de este sexenio, no se vea en necesidad de corregirle.
“No quiero cambios caprichosos, quiero cambios derivados de los estudios más avanzados en materia de administración pública, la experiencia comparada con otros estados que han dado los mejores resultados, y si ya quien me suceda quiera cambiar que lo haga, pero no por razones imprescindibles”, manifestó.
De tal manera, se creó un equipo integrado por Álvaro Bracamonte, secretario de Gobierno; Omar del Valle, secretario de Hacienda; Guillermo Noriega, contralor general del Estado; Adolfo Salazar, jurídico del Estado; entre otros, para presentar esta propuesta.
Lo anterior lo mencionó luego de que se le preguntara sobre su intención manifiesta de regresar el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) al Congreso del Estado, a lo que señaló que diferentes especialistas se encuentran trabajando en el tema para derivar en una propuesta más sólida.
“En realidad, yo digo que el instituto tiene condiciones para hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, no puede ser que tengamos un desorden administrativo financiero y que el ISAF no haya captado los fraudes, algo tenemos que hacer para mejorar a esa institución”, comentó.
La figura nacional, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene autonomía técnica, operativa y financiera, pero depende de una comisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que está evaluada por la ese órgano legislativo, de manera que esta podría ser una opción para el ISAF.La otra opción es que conserve su autonomía.
“En el caso de nuestro país, hemos sufrido una desviación en la interpretación del concepto de autonomía, se asumen como soberanos, como si nadie pudiera decirles nada, entonces se corre el riesgo de que se vuelvan un feudo personal, porque nadie puede decirles nada, ni el Congreso, ni el gobernador, ni el Poder Judicial”, aseveró el mandatario.
Por ello, argumentó que tienen que existir instancias de representación social que los controle, así como se hace con la figura del gobernador, para reorientar estas instancias.