Paulette tenía dos años al momento en el que inició el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Ha pasado más de una década, su familia sigue esperando justicia en un fallo que podría darse en breve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se repare el daño que las instituciones del Estado mexicano les causaron, lo que se traducirá en una compensación de 10 millones de pesos adicionales a lo que se les ha asignado y trato igualitario entre las víctimas y sus familiares.
La pequeña murió en el incendio. Su mamá, María, aún recuerda su bailar, su sonrisa y su cantar: “Las divinas, las divinas. Brillan, brillan como stars…”. No olvida los gestos de Paulette para evitar ser peinada. En su breve estancia en la guardería, Paulette había logrado hacer buenos amigos y aunque aún no sabía dibujar le encantaba rayar los cuadernos de Ramsés, su hermanito.
En los últimos 11 años que han pasado en un suspiro y entre idas, subidas y bajadas de abogados y manifestaciones, María de Jesús Padilla enfrenta ese viacrucis para mantener a su familia sana, tanto en lo físico como psicológico tras la muerte de la alegre Paulette.
El 5 de junio, alrededor de las 14:45 de la tarde inició el fuego en la Guardería subrogada del IMSS. El lugar se consumió pronto, la alerta en la ciudad movilizó a vecinos y a los cuerpos de seguridad, producto de ello 104 niños resultaron con lesiones de diverso grado y otros 49 fallecieron, entre ellos Paulette.
En medio de la atención a los heridos y a las víctimas de los fallecidos el gobierno de entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador priísta Eduardo Bours intercambiaron acusaciones por la falta de supervisión del lugar. En medio de esa confrontación, la investigación arrojó que una de las socias de la estancia subrogada, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es familiar de Margarita Zavala, esposa de Calderón.
Desde entonces se han realizado investigaciones, entre las cuales está la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que intervino con una recomendación para el caso. Sobre los 19 detenidos un tribunal confirmó las sentencias de hasta 29 años de cárcel en su contra por la muerte de 49 niños.
A nueve de ellos se les confirmaron penas de 28 a 29 años de prisión y a los 10 restantes el tribunal ajustó la individualización de 14 años, 8 meses y 20 días de cárcel. Sus expedientes llegaron a la Corte en octubre de 2018 y hoy siguen siendo estudiados para ser resueltos próximamente.
Tras aquella desesperante mañana de junio, María se ha enfrentado a las falsas promesas de funcionarios de todo tipo, a la burocracia y al papeleo para que quedara reparado el daño provocado y las violaciones a los derechos humanos por las omisiones de tres niveles de gobierno, encabezados todos por la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
No importan los días y las horas que han pasado desde la tragedia, María espera que la SCJN y el Poder Judicial cumplan con la ley: “que a la Corte no le dé miedo resolver y que confirme la sentencia del juez, porque sí emitió una buena sentencia y que no la vuelvan a regresar al Tribunal para entretener más la justicia”, explica en entrevista con la Organización Editorial Mexicana.
Para ella y su familia estos once años han sido agotadores, los califica como decepcionantes.“Nos damos cuenta que el gobierno es el que se han negado a cumplir las sentencias”, relata hoy sobre lo ocurrido.
Hace dos años todo parecía indicar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tenía la resolución en la que se determinaban las medidas de reparación integral del daño para otorgar a María de Jesús y su hijo.
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María de Jesús no estuvo conforme, pues consideró que la CEAV los revictimizó al no integrar bien el expediente CEAV/CIE/0127/2017, no especificar plenamente los motivos del fallecimiento de su hija para acreditar la violación a los derechos humanos y reducir la cantidad de dinero que debía recibir originalmente como indemnización.
Acusó que la Comisión incumplió su obligación de otorgar una reparación integral por todos los perjuicios, sufrimiento y pérdidas económicamente evaluables tras la muerte de Paulette. Se explicó que una vez que la CEAV estableció la indemnización, ordenó que la misma fuera dividida entre cada una de las víctimas indirectas sin justificar por qué se ordenó de esa manera.
Alegó que hubo omisiones en ordenar una expresión pública de perdón a las víctimas, lo cual viola el derecho tanto de la víctima como de su núcleo familiar a obtener una satisfacción para dignificarles como víctimas de violaciones a derechos humanos y de la comisión de delitos por parte de las autoridades del orden federal.
En ese resolutivo la CEAV cuantifica una cantidad para la madre de Paulette, con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; y otra cantidad para su hermano, por concepto de daño moral ocasionado por violaciones graves a derechos humanos.
Solo que la cantidad que determinó la Comisión Ejecutiva, conforme a un criterio de equidad, resultó ser un monto media entre la más alta que la Corte ha otorgado por daño moral en condiciones similares. Incluso la CEAV descontó de las medidas de compensación, decretadas en su favor, los conceptos de fideicomiso público Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC, así como los acuerdos del Consejo Técnico del IMSS.
Lo que en los últimos años ha buscado María de Jesús, a través del Poder Judicial, es que se emita otra resolución en la que se cuantifique la medida de compensación consistente en la reparación integral del daño, sufrido en la integridad física de la víctima directa y que a su hijo se le otorguen becas en instituciones privadas y no solamente en escuelas públicas, sin embargo, la CEAV ha impugnado en tribunales estas peticiones.
Dos de estas impugnaciones llegaron a la Corte en octubre de 2019. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá promovió que amparos sobre la reparación del daño, entre ellos, el de la madre de Paulette fueran atraídos por la Primera Sala para su análisis.
Se trata de litigios en los que se demanda a la CEAV a que pague a los tres quejosos alrededor de 10 millones de pesos adicionales a los pagos que han recibido desde diferentes instituciones del Estado mexicano.
Tan sólo en la actual administración, el pasado 12 de marzo pasado se emitió un decreto en el que se determinó pagar más de 50 mil pesos mensuales, de forma vitalicia y heredable, a cada una de las familias de los afectados en el incendio de la Guardería ABC.
Sólo que la Corte deberá resolver si los jueces federales y magistrados de circuito tienen competencia para calcular el monto de compensación del daño que la CEAV deberá pagar a las víctimas y si aplica la figura de daños punitivos contra las instituciones del Estado mexicano.
Sobre esa actuación María considera que “la CEAV deja mucho que desear, no ha sido sensible con el sentir de nosotros y nada más ha tratado de obstaculizar y revictimizar a las víctimas. Pero qué podemos esperar, es un órgano de gobierno y por eso pusieron a la actual comisionada, Mara Gómez Pérez. Todas las víctimas sabemos el por qué está ahí: para obstaculizar la justicia”.
El recuerdo de las faldas de Paulette, porque nunca le gustaron los pantalones, le hacen pasar las horas a María.
“Mirando tus fotos, con tu cabello suelto, porque odiabas peinarte. Sí, te lloro. Me gustaría que de nuevo sacaras tu carriola para llevarte a la tienda. O que escondieras tus chicles de bola. Pero te lloro”, escribió María de Jesús, en el memorial Ángeles en Espera, un blog creado hace nueve años por los papás de los niños de esta guardería.
En su proyecto de sentencia, González Alcántara Carrancá plantea la inconveniencia de que un juez constitucional, por primera ocasión, realice la cuantificación de una indemnización, porque esta cuantificación es un procedimiento complejo que involucra diversas valoraciones que son competencia exclusiva de determinadas autoridades.
“A efecto de cuantificar estos montos por indemnización, debe dejarse a salvo la competencia de los órganos estatales a quienes se les encuentra legal y constitucionalmente conferida la realización de esta tarea”, señala la propuesta.
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El ministro expone que el Poder Judicial de la Federación y sus integrantes sólo están facultados para ordenar a la autoridad responsable, en este caso la CEAV, a realizar el análisis y consecuente cálculo, toda vez que es una cuestión exclusiva de su jurisdicción.
“Para esta Primera Sala es importante destacar que, mientras la compensación económica solo se puede decretar una vez que se atribuyó la responsabilidad a través de los procedimientos destinados para tal efecto, no pueden decretarla los jueces de amparo como medidas de reparación a cargo de la autoridad, pues ello es facultad exclusiva de los órganos estatales destinados para tal efecto como lo es, en este caso, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, sostiene.
El precedente que fije la Corte será relevante por las cantidades millonarias que los amparos exigen a la CEAV, en un momento de recesión económica provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus y, sobre todo, por desbordamiento de la violencia que se traduce en un creciente número de víctimas en todo el territorio nacional.
(Con información de Roberto Bahena/ El Sol de Hermosillo)
