Catorce años tuvieron que pasar desde la tragedia que representó el incendio la Guardería ABC para que las autoridades, en este caso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitieran resoluciones desde enero de 2021 y hasta mediados de 2022, en contra de funcionarios señalados por tener relación o participación en el tema.
Tras la lucha legal y social que han encabezado los padres de los 49 menores que perdieron la vida y más de un centenar que resultaron con lesiones físicas que marcaron sus vidas, poco a poco los recursos interpuestos parece que empiezan a caminar y hacerse efectivos.
El abogado del movimiento “Manos Unidas por Nuestros Niños”, Gabriel Alvarado Serrano, reveló que lo más actualizado es que están por ejecutarse cuatro órdenes de aprehensión en contra de dos de los dueños de la estancia infantil y dos exservidores públicos que formaban parte de la Secretaría de Hacienda en 2009 cuando ocurrió el incidente.
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Ya hay sentencias condenatorias
“Hoy, lo rescatable es señalar que por fin las sentencias condenatorias que se presentaron en 2016 y 2017 fueron declaradas por los tribunales federales como firmes”, informó, cuya decisión representa que se agotaron todos los recursos interpuestos por los acusados y ahora las condenas que se establecieron no son modificables.
Se trata de 10 sujetos, entre hombres y mujeres de un total de 22 que fueron vinculados, quienes recibieron una resolución del juez para purgar condenas que van desde los tres años, tres meses hasta los ocho años y 10 meses.
De esa decena, Sandra Lucia Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, quienes fungían como propietarios de la estancia infantil ubicada en la colonia Y Griega en Hermosillo, obtuvieron una penalidad de cinco años, siete meses y 15 días de prisión, apuntó el abogado, a quienes se les debió haber notificado ese veredicto y por ello enfrentarán esa sanción privativa de la libertad.
En el caso de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y de Alfonso Escalante, dijo que ambos quedaron absueltos, presuntamente porque se les otorgó un sobreseimiento para cualquier sentencia en su contra, esto con aparente ayuda de la exprimera dama y ahora diputada federal, Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012, periodo en el que pasó el incendio.
También dos exfuncionarios del Gobierno de Sonora, Fausto Salazar, quien se desempeñó como director de Recaudación y Jorge Luis Melchor, jefe de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, enfrentan cargos por delitos de homicidio y lesiones culposas, debido a que el incendio, según los peritajes, inició en la bodega contigua a la guardería que era administrada por la dependencia en mención, abundó.
A ambos se les impuso cuatro años, nueve meses y 10 días de prisión, al igual que a Arturo Torres, encargado del inmueble en el que se resguardaban documentos pertenecientes a esa instancia, pero primero se tendrá que dar con su paradero para que se haga válida esa resolución en los próximos días, manifestó.
No solo los dueños son culpables
Otro de los sentenciados es el exdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, Arturo César Leyva Lizárraga, añadió, que por ser el responsable del manejo de la estructura estatal en el tiempo que pasó el incidente. Se le imputó una sentencia de cinco años, siete meses y 15 días; sin embargo, a Nohemí López Sánchez, jefa del Área de guarderías del Instituto se le impuso una sentencia de ocho años, 10 meses y 15 días.
Alvarado Serrano mencionó que, en el caso de Irene Botello Amante, Irma Crescencia Díaz Gómez y Yadira Barreras, comisionadas a la supervisión de las estancias infantiles, no fueron incluidas en el grupo señalado por homicidio, pero sí serán sancionadas con tres años, tres meses y 60 días de cárcel por ejercicio indebido del servicio público, aunque sí tendrán el beneficio sustitutivo de la pena privativa de la libertad, es decir, podrán cumplir la sentencia sin estar dentro de un reclusorio.
Entre las resoluciones detalló que también aparecen tres exservidores públicos municipales de Protección Civil y Bomberos: Roberto Copado Gutiérrez, Martín Francisco Lugo Portillo y Arturo Dávila Pacheco, detalló.
“En este momento nadie está detenido, es la etapa que va a pasar. En este momento las sentencias condenatorias están firmes y se giraron órdenes de aprehensión, lo que nuestro colectivo de víctimas, Manos Unidas por nuestros Niños, piden a autoridades de la FGR que las hagan cumplir, efectivas y que los presenten al juez, pero en el penal que les vaya a tocar cumplir la pena”, pronunció el representante legal.
Agregó que tanto los padres como la parte jurídica tienen meses exigiendo a las autoridades que se activen las fichas rojas de Interpol para localizar a los señalados y tenerlos ubicados, debido a que es probable que no exista cooperación de estos para entregarse tan fácilmente.
Aún y cuando la SCJN redujo las sentencias condenatorias a los implicados, al menos se estipula el que las condenas las pasen en los penales, al negarles salir antes de tiempo.
“Por qué pasaron tantos años para tener la certeza de que alguien ha sido juzgado todavía ande libre. Pero así es el tortuoso camino de la justicia en nuestro país”, se cuestionan los papás de menores afectados en ese hecho, donde todavía están expectantes para ver si realmente las autoridades hacen justicia a las víctimas.
Cumplen autoridades con revisiones a guarderías
Para evitar que se presente un suceso de ese tipo, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) realiza constantes inspecciones a inmuebles en los que se cuida a niños y niñas.
Tras aplicar el programa anual de revisiones, en lo que va del año se han cerrado nueve guarderías en el estado, al encontrarse irregularidades o incumplimiento de las normas que se establecen en el reglamento de operatividad.
Jesús Fabián Valenzuela Torres, titular de la Unidad Administrativa de Inspección y Vigilancia de la dependencia estatal informó que, de las que se han cerrado, cinco ya reabrieron al atender las indicaciones o presentar la documentación necesaria para estar en funciones, mientras que las cuatro restantes, sus propietarios optaron por cerrar definitivamente, una de ella en San Luis Río Colorado, Cajeme y dos en Hermosillo.
“El trabajo de revisiones e inspecciones de guarderías se hace en base a un programa anual, que se publica en el Diario Oficial, tenemos una base de 167 guarderías en el estado”, dio a conocer el funcionario.
Dentro de ese registro, se encuentran las guarderías que pertenecen a sistemas como IMSS, Issste, entre otros, donde Hermosillo concentra la mayor cantidad en la región con 82 establecimientos de ese tipo.
Adicional a las que tienen registro han detectado otras 24 que figuran en carácter de extraordinarias, es decir que todavía están dentro de un proceso de aprobación para determinar si cumplen con los requerimientos y pueden operar como guarderías.
“Las 20 guarderías que tenemos por reportes extraordinarias las consideramos piratas o clandestinas porque no están en nuestros registros, por estar en la irregularidad”, expresó.
Lo importante es que atiendan estatutos de seguridad, que cuenten con su seguro de responsabilidad civil, salidas de emergencias, programa interno de Protección Civil, capacitación y dictámenes estructurales eléctricos. Los padres o familiares de los menores deben verificar que se cumpla con esos lineamientos para descartar riesgos en los lugares en los que dejan a los menores, sostuvo.
En lo que respecta a la Ley 5 de Junio, se verifican permisos, que tengan los documentos de uso de suelo que emite el municipio, así como el permiso de las instituciones afiliadas.
Durante este año fueron denunciadas dos viviendas que funcionaban como estancia infantil en Haciendas del Sur y en un inmueble ubicado en la zona de Villa Bonita, donde se alojaban 17 menores en total, se notificó a los propietarios y se les informó que sin permisos no podían operar como tal.
Invitó a la población a denunciar cualquier sitio en el que sea evidente que no existe una regulación, a la línea de emergencia 911 o en las redes sociales de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora.
Actividades anunciadas por los movimientos
Para honrar la memoria de los menores que murieron y de quienes viven con secuelas, además de reiterar la exigencia de justicia por parte de los padres y familiares, convocan a participar en las actividades por el 14 aniversario luctuoso de la Guardería ABC que iniciarán el domingo 4 de junio con la vigilia a realizarse por fuera de ese inmueble a partir de las 20:00 horas.
Para el 5 de junio se llevará a cabo una misa en la iglesia San José, ubicada en el Bulevar Vildósola número 194 en la colonia Pedregal de la Villa que será presidida por el padre Claudio Murrieta, a las 10:00 horas.
A las 18:00 horas dará inicio la marcha a “14 años de lucha por 49 razones” que saldrá del inmueble situado en la calle Mecánicos y avenida Ferrocarrileros para avanzar por distintas vialidades hasta llegar a las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora y cumplir con el pase de lista y lectura de manifiesto.
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Respecto a un suceso que ocurrió en la Ciudad de México que protagonizó un sujeto que arrancó una de las cruces que están por fuera de la SCJN, que están para recordar a las autoridades que sigue pendiente la aplicación de la justicia, padres de los movimientos condenaron ese acto, al ser espacios que deben respetarse y que los gobiernos o representantes populares deben preservar.
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