A pesar de que le restan 14 años de vigencia al convenio con la empresa concesionaria de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), el Ayuntamiento de Hermosillo, busca cancelarla, debido a que cuentan con pruebas de incumplimiento de diferentes cláusulas del contrato que se firmó, dijo la presidenta municipal.
Célida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, anunció que el municipio cuenta con una ruta jurídica que le será presentado al banco con el que se tienen los créditos relacionados con la planta, así como a quienes tienen esa concesión que son la empresa Fypa SA, para exponer todos los hallazgos, con el objetivo de lograr una culminación de ese contrato por mutuo acuerdo, mismo que otorgaría a la ciudad más de 2 mil millones de pesos en ahorros.
“Varias administraciones han pasado desde que se firmó ese convenio y se han hecho de la vista gorda, pero yo estoy convencida que debemos de arreglar esto, hay que solucionarlo, enfrentar con mucho valor estos temas porque estamos hablando de la viabilidad de una ciudad”, explicó.
Agregó que 2 millones de pesos en los próximos 14 años podrían ser invertidos para el mejoramiento de la ciudad, pues son recursos de urgencia para la capital sonorense, en lugar de pagarlos a esa empresa
La edil, mencionó que, entre los descubrimientos que se han basado para emprender esa demanda legal para romper con este contrato, mismo que le cuesta 18 millones de pesos mensuales a Hermosillo, es que en la planta están contaminando parte del subsuelo y manto acuífero en el que están instalados por las descargas contiguas de aguas crudas y por ello se ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Republica, pues es considerado un delito federal.
Asimismo, la calidad del agua de la PTAR en Hermosillo, sobrepasa los límites máximos permisibles en descargar vertidas en el suelo, contaminantes que forman parte de esa agua, falta de conservación de mantenimiento y conservación de los equipos de operación, falta de disposición con el vertimiento de sólidos y basura en sus terrenos, falta de un buen plan de manejo de residuos para prevenir contaminación ambiental y otras faltas más que violan varias normas de la Semarnat.
“Estamos por iniciar una auditoria porque estamos casi seguros que no se invirtieron los más de mil millones de pesos que costó la constricción de esa planta; eso nos habrá de ayudar como pruebas para poder terminar con ese contrato que a la ciudad aún le restan 14 años y con pagos mensuales de más de 18 millones pesos, pero por todas esas series de irregularidades, los hermosillenses no tienen por qué seguir pagando tantos millones”, afirmó.
Sigue a El Sol de Hermosillo en Google News y mantente informado con las noticias más recientes
López Cárdenas aseveró, que confía en poder anular ese contrato, al igual que con los de alumbrado público y el relleno sanitario, debido a que considera que en primer lugar hay los elementos para alcanzar esas metas y en segundo, porque la ciudad se puede hacer cargo perfectamente de la prestación de esos servicios y sin pagar cantidades millonarias que pueden ser invertidos en sus servicios públicos principales.
