La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado declaró improcedentes las solicitudes de juicio político en contra del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, así como contra la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras.
El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, quien preside el órgano constituido por diferentes legisladores, dio a conocer que las solicitudes para llevar a cabo dos juicios políticos, uno en contra del presidente municipal de Hermosillo y otro de la fiscal de Sonora, fueron desechadas por dicha comisión debido a las pruebas aportadas.
“Se abocó la comisión al estudio de pruebas y documentos presentados y concluyó que no hay lugar a la acción del procedimiento, es decir, que no procede en lo que se solicitó al juicio político”, comentó.
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Sin embargo, agregó el legislador, esto no declara improcedentes las causas legales que se encuentren abiertas en contra de ambas autoridades por cualquier otro motivo o circunstancia.
“Se deja abierta la causa que, en el caso del alcalde, ya se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, y una recomendación que tiene ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)”, dijo Mendoza Ruiz.
En ese sentido, cabe recordar que ambas solicitudes de juicio política contra ambas autoridades fueron ratificadas hace un mes ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
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En el caso de Astiazarán, un grupo de extrabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo solicitó el juicio en su contra debido al retiro de diferentes beneficios para jubilados y pensionados que habían sido establecidos mediante convenios sindicales, por lo que llevaron el caso ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y presentaron una denuncia ante la CEDH, por lo cual el alcalde de la capital sonorense tuvo que comparecer ante el Congreso durante el 11 de abril del año en curso, al no acatar las recomendaciones emitidas por la CEDH.
Por otro lado, fueron vecinos de El Nuevo Colorado Sonora los que solicitaban el jucio contra la fiscal del Estado, por considerar que ha utilizado a las agencias del Ministerio Público y a las instituciones a su cargo para presuntamente perseguir e imputar delitos a terceros con fines personales.
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