Durante el 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó un total de 12 mil 279 sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado de Sonora, sin embargo, las víctimas de delitos en la entidad ascienden a más de 600 mil, por lo que puede hablarse de un problema de impunidad, a decir de Marco Paz Pellat.
El vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCPC) de Sonora indicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en la entidad se reportaron más de 640 mil delitos en la entidad, por lo que, al cruzar esa información con las sentencias emitidas por el STJ, es evidente que la impartición de justicia se está quedando atrás.
“La conclusión es que solamente de esos 640 mil delitos, menos del 1% son sentencias, o sea, menos del 1% se castigan, lo que significa que la impunidad, esto es, delitos que se cometen y no son castigados, está por arriba del 99%; asimismo, aunque se ha reducido la cifra negra, que son delitos que no se denuncian, sigue estando muy grave. La cifra negra es del 90%, uno de cada 10 delitos se denuncia”, comentó.
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En ese sentido, recordó los principales delitos que sufre la ciudadanía son delitos patrimoniales, como robos a casa habitación, comercios o negocio, así como a transeúntes en las calles; sin embargo, han venido creciendo las víctimas de extorsión, además de la violencia familiar y la violencia de género contra las mujeres.
Falta facilitar la denuncia
Por ello destacó que es importante que la ciudadanía exija a las autoridades su derecho a una vida libre de estas preocupaciones, para lo que también es fundamental realizar las denuncias pertinentes, aunque sea un proceso tardado y poco esperanzador para muchas familias, por lo que se requiere que las autoridades ayuden a simplificar este tipo de trámites.
“Falta facilitar la denuncia, que sea más sencillo y fácil no solamente hacerla, sino en su seguimiento, que la gente esté informada y sepa cómo va avanzando; también que sea más expedita en su resultado, se tarda demasiado tiempo, a veces tarda cuatro, cinco o hasta seis años su resolución, es demasiado tiempo para una persona que depende de su patrimonio”, agregó.
Aunado a este problema, existe la ejecución de sentencias pendientes, por lo que muchas personas que han cometido un delito no sufren las consecuencias de sus actos sino hasta que ya pasan años, lo cual resulta en una sensación de profunda frustración por parte de las víctimas.
“Los castigos tienen que ser difundidos para persuadir a quienes quieran cometer algún delito, que sepan que se les va a aplicar la ley y les va a costar, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, tanto sociedad como autoridades, mejorar la denuncia, convertirla en algo más efectivo, y difundir las consecuencias para que sepan que el que la hace la paga”, puntualizó.
Hay oportunidad
Por su parte, Gerardo Mata, abogado litigante, mencionó que, más de 12 mil sentencias al año implica un promedio de 30 sentencias por día, sin tomar en cuenta los días inhábiles, sin embargo, sería interesante contar con los datos de cuántas sentencias hay por juzgado, para verificar en qué materia se emiten más sentencias.
“También es importante conocer cuántos asuntos se presentaron en el año. Sí creo que existe un espacio para eficientizar el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Sonora y de esa manera ese número de sentencias debería crecer. Existen poco más de 100 juzgados y tribunales en Sonora. Eso quiere decir que no todos están sacando una sentencia por día, pero muchos órganos jurisdiccionales no han de tener tanto volumen de expedientes”, comentó.
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Mientras tanto, las cifras del Inegi destacan que, a nivel federal, los poderes judiciales estatales publicaron en sus sitios web un total de 752 mil 997 sentencias, de las cuales, el 40% fueron en materia familiar, 29% en materia civil y 13% en materia mercantil.
Por otra parte, en cuanto a lo penal, a 110 mil 330 personas que fueron procesadas o imputadas se les determinó alguna resolución, de los cuales el 85.2% fueron vinculadas a proceso y 7.8% no fueron vinculadas.
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