Recientemente una iniciativa que se presentó en el Congreso del Estado de Sonora busca establecer sanciones para personas que realicen huachicoleos de agua en la entidad, esto al considerarse una problemática en aumento en distintos municipios.
La propuesta presentada por la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga del Partido del Trabajo (PT) se basa en las quejas dadas a conocer por autoridades estatales y municipales sobre la extracción y manejo del recurso hídrico por sujetos que incurren en su comercialización.
Sobre este tema, Ernesto Urbina Miranda declaró que debe estudiarse más para conocerse más a fondo la problemática que está ocurriendo, así como la propuesta de la diputada, por todas las repercusiones que esta iniciativa podría tener.
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El director general de Hermosillo ¿Cómo Vamos? aseguró que esta propuesta atiende un tema que al menos, en el caso de Hermosillo y los principales centros urbanos de la entidad resulta relevante, ya que, por ejemplo, en el caso de la capital sonorense, es una ciudad que se encuentra en una zona geográfica y climatológica muy adversa y que, a pesar de esto, tiene un consumo de agua muy alto, incluso por encima de ciudades similares.
Admitió que, “de una u otra manera esto se relaciona con una gestión ineficiente y con un alto nivel de desperdicio; por ponerlo en perspectiva, en Hermosillo de cada 10 litros de agua que se producen, solamente cinco llegan a los destinos finales como hogares, comercio o industria”.
Ante el mencionado nivel de desperdicio entran diversos puntos en juego como las deficiencias o desgaste de la infraestructura, pero dentro de estos también podría existir la apropiación ilegal y comercialización del agua, siendo uno de muchos factores que deben atenderse, continuó.
“Esperemos que esta propuesta escale con un enfoque más integral que pueda contribuir a una gestión del agua más eficiente”, expresó.
Sobre elevar a rango penal todo lo que es el huachicoleo o robo de agua para quienes tienen fines lucrativos mencionó que habría que analizar bien esta acción, ya que por un lado está la parte punitiva, pero habría que entender muy bien la naturaleza del problema.
Añadió que, es en esta parte donde hace falta información, como saber quién lo hace, a través de qué vía se realiza, si están involucradas autoridades o personal operativo que esté del lado del sector público y, en ese sentido habría que hablar con gente especializada en temas de derecho para ver si las sanciones propuestas corresponden o son coherentes con relación al problema planteado.
“Sin duda se trata de un problema vital para el futuro de la ciudad y de los centros urbanos que en primera instancia se observa que poner cartas sobre la mesa relacionado a enfocar y a cuidar y monitorear mejor esto puede aportar”, destacó.
Urbina Miranda apuntó que, “esperemos que todos los temas relacionados de vital importancia al desarrollo de las ciudades y al futuro de las comunidades pasen por un escrutinio público muy importante que evite errores y deficiencias que hemos observado en otras leyes y otros temas”.
Por su parte, Nicolás Pineda Pablos, investigador del Colegio de Sonora (Colson) opinó que uno de los principales problemas es que no se paga el recibo del agua potable y saneamiento, siendo esto muy difícil de sancionar, y en esta situación entra gente que se conecta clandestinamente, es decir, que hacen la conexión del agua por su cuenta.
El coordinador de la Mesa de agua de la asociación ciudadana Hermosillo ¿Cómo Vamos?, expuso que se tiene conocimiento que existen tomas de agua clandestinas con fines lucrativos, ya que periódicamente se descubren o de vez en cuando por casualidad ubican alguna en algunos comercios como restaurantes u hoteles que cuentan con una conexión adicional, por lo que la mejor manera de combatir esta problemática es que se tenga una medición de consumo exacto de las personas.
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Detalló que la ley provee el corte del servicio de agua potable después de tres meses de que no se pague el recurso, sin embargo, si la sanción no funciona este problema prolifera.
En Hermosillo de alrededor de 350 mil usuarios del servicio de agua potable el 30% no paga su recibo, siendo este de igual forma un problema de robo del recurso hídrico y puntualizó que, “el problema que le veo a esta iniciativa es que ya hay sanciones para esto, no se necesita otra ley especial, no se necesita otra ley para esto, el problema es quien le va a poner el cascabel al gato”.
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