La falta de agentes, la lentitud del sistema de procuración de justicia, así como la dificultad para hacer valer la ley son los principales factores que producen un rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión en Sonora, de acuerdo al Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

La titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Cordóva dio a conocer en 2021 que se habían acumulado por lo menos 499 órdenes de aprehensión sin realizar, incluso algunas de ellas con 20 años de antigüedad.

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Al respecto, el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Marco Paz Pellat declaró que el rezago en la ejecución de estas órdenes para detener a una persona se debe a una serie de problemas estructurales causados por diferentes factores.

Un obstáculo bastante usual —comentó— es el tiempo que tarda en emitirse la orden de aprehensión desde el momento que se realiza una denuncia.

“Es una cadena muy larga donde participan diferentes áreas de gobierno e instituciones, inclusive poderes, ya que interviene el Poder Ejecutivo y el Judicial; si bien ha habido mejoras en general, sí hay un problema fuerte de poder, lo que le llaman los técnicos cumplimentar las órdenes de aprehensión, es decir, que cuando existe una sentencia en firme, pues hacerla valer”, externó.

Además de esto, destacó que uno de los aspectos que más impacta en esta situación es la falta de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ya que se requieren de al menos tres veces más agentes de los que se cuentan ahora para hacer cumplir con las órdenes de aprehensión que se emiten desde el Poder Judicial.

Otro aspecto relacionado es la dificultad de hacer valer estas órdenes de aprehensión, ya que, en muchos casos, los criminales buscados por la ley tienden a huir fuera del Estado o incluso fuera del país, de manera que es importante considerar otras estrategias para obtener el paradero de personas prófugas de la justicia.

Simplificación y tecnología.

“Yo creo que tendrían que hacerse por lo menos dos cosas: por un lado, revisar todo el procedimiento para ver si hay forma de simplificarlo, porque nos da la impresión de que esta larga cadena en algunos casos podría ser reducida eliminando algunos pasos en beneficio de la oportunidad en que se administra la justicia”.

“La segunda es el uso de la tecnología. Todavía seguimos en el tema de la administración de justicia muy supeditado a la presencia física, al intercambio físico de papeles; si lo viéramos del punto de vista tecnológico, como lo han hecho algunos estados y la Federación, pudiéramos hacerla más sencilla, como que la denuncia se haga en línea, así se le puede informar al ciudadano en qué paso va”, comentó.

Paz Pellat agregó que con los sistemas tecnológicos se podría detectar el desempeño de cada uno de los actores e instituciones involucradas en el proceso para ver dónde se encuentran los cuellos de botella y cómo atender esta situación.

“Creo que es importante hacer más labores de inteligencia. Si pudiéramos unir la base de datos de órdenes de aprehensión con algunas transacciones de carácter bancario o comercial, podríamos tener mayor capacidad de identificar a estas personas para poder localizarlas”, puntualizó.

Hay avances

Mientras tanto, para el 2021 la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora había acumulado por lo menos 499 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Así lo dio a conocer Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal de Sonora, quien resaltó que para octubre del 2021 se ejecutaron 19 órdenes de aprehensión por delito de homicidio, de las cuales, 17 se encontraban pendientes, o rezagados, de años anteriores.

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“Hicimos este ejercicio de analizar las carpetas de investigación judicializadas en los 20 días anteriores y estos 20 días a partir del 13 de septiembre que entra el señor Gobernador y ya empezamos a observar una diferencia de más del 9% en relación con las carpetas judicializadas con 20 días anteriores”, abundó.

Con ello, se mostró un incremento del 63.51%, pasando de 74 órdenes de aprehensión ejecutadas en 20 días anteriores a la entrada del Gobierno anterior, a 121 en los primeros 20 días de esta administración.

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