Este miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley de Amnistía, con 285 votos a favor, 144 en contra y 19 abstenciones, la cual tiene el propósito de favorecer a aquellas personas en situación de vulnerabilidad o pobreza sujetas a un proceso penal o sentenciadas, con la extinción de la responsabilidad penal por la comisión de delitos de bajo impacto social, informó la diputada federal Lorenia Valles.
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Esta ley, cuya iniciativa fue ingresada al Congreso por el Poder Ejecutivo, forma parte de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato, quién entonces aseguró que muchas de las personas que se encuentran bajo proceso penal son pobres.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la Ley de Amnistía será aplicable para los casos de aborto, robo simple y sin violencia, sedición y cualquier delito cometido por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado el debido proceso.
Sin embargo, no será aplicable para delitos como los cometidos contra la vida o la integridad corporal, el secuestro, los cometidos con armas de fuego o los que ameritan prisión preventiva oficiosa, considerados delitos graves en el artículo 19 de la Constitución.
Para Valles Sampedro, la Ley de Amnistía representa un acto de justicia social que beneficiará principalmente a los más pobres. “Muchas de las personas que enfrentan un proceso penal viven en situación de pobreza o marginación; mujeres pobres que enfrentan un proceso penal por abortar o jóvenes que, por no tener oportunidades de desarrollo, son motivados a delinquir. Las personas pobres son víctimas de la desigualdad y la falta de opciones de bienestar", señaló.
"Aún así, las cárceles están llenas de pobres: de gente que cometió delitos de robos menores, jóvenes que poseían droga pero que no era para distribuirla o comerciarla. Sin embargo, hasta hace poco eran contados los corruptos procesados o sentenciados", continuó.
La nueva ley reconoce que la amnistía no aplicará tampoco en caso de reincidencia. Asimismo, se busca reintegrar a la vida social a aquellas personas privadas de su libertad por delitos de bajo impacto.
"Esta ley se suma al proyecto impulsado por el presidente de la República en materia de seguridad y paz, pues actúa sobre las causas de la violencia y la inseguridad. La pobreza, la desigualdad y la marginación han sido causas que, por ejemplo, han vulnerado la vida de los jóvenes que ha coptado el crimen organizado. Por ello, atender las causas es un acto de justicia social", concluyó la diputada por Sonora.
El dictamen aprobado fue enviado al Senado de la República para su discusión y aprobación.
