Ante la armonización de la “Ley Ingrid” que contempla sanciones para quienes filtren, distribuyan o compartan imágenes de personas fallecidas, el colectivo de Buscadoras por la Paz Sonora asegura que entorpece el trabajo que ellas realizan par encontrar desaparecidos.
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Mediante un comunicado para los diputados del Congreso del Estado, integrantes de la agrupación reconocieron los avances en materia de protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia mediática, que surgió tras la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes del feminicidio de Ingrid ocurrido en la Ciudad de México, el 9 de febrero del 2020. Sin embargo, afectarán las labores de búsqueda de los grupos y colectivos.
“Tras la aprobación unánime del Decreto que adiciona al Código Penal sanciones a quienes filtren, distribuyan, o compartan imágenes indolentes de las víctimas, sin embargo, y como es de esperarse con todo respeto no tienen idea del atraso que significa para nosotras”, dijo.
De igual manera, el documento indica que los colectivos de búsqueda se ven en la necesidad de compartir imágenes de sus hallazgos con el objetivo de que los restos humanos encontrados sean reconocidos a través de dentaduras, pertenencias, tatuajes, señas particulares, joyería e incluso cabello.
Esto tiene como propósito evitar que los restos encontrados se vayan a las fosas comunes, donde Sonora ya acumula más de 800 cuerpos sin reconocer hasta el momento.
“Nuestro método de trabajo ha funcionado para decenas de familias en Sonora y tal vez decenas más en Latino América, pues no saben ustedes la cantidad de mensajes e imágenes de migrantes desaparecidos en su paso por Sonora tenemos en nuestras redes sociales y móviles personales”, comentó.
Asimismo, aseguraron que la única esperanza de las familias mexicanas, extranjeras y de Sonora de localizar a sus seres queridos, es a través de una imagen en redes sociales.
Reconocieron que existen personas sin escrúpulos que difunden imágenes de restos con morbo, no obstante, no es el caso del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora y seguramente de los colectivos unidos del estado.
“Con la armonización de esta Ley, nos revictimizan a las mujeres y hombres que buscamos a nuestros desaparecidos en los montes de Sonora, pues por temor a las sanciones de hasta 10 años de prisión, algunas dejarán de compartir primero la realidad del estado y segundo la imagen de quien pudiera ser nuestro ser querido desaparecido lo que atrasaría incluso por años su regreso a casa”, indicó.
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Los registros de las fosas comunes se comenzaron desde el año 2016, se acumulan desde entonces 833 cuerpos humanos, los registros de ellos no se hacen públicos y de esas fosas comunes han salido después de varios años los cuerpos de hijos, padres y hermanos de Buscadoras por la Paz.
Finalmente, señalaron que debieron haber tomado en cuenta a los colectivos que realizan trabajos de búsqueda de restos humanos, por lo que les debieron haber dado un apartado en su Ley, sin embargo, prefirieron darles la espalda.
“Les preguntamos: ¿Encarcelarán a los ciudadanos que buscan a sus tesoros cuando los culpables siguen libres?”, expresó.
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