La modificación al artículo 167 del Código Penal del Estado no atenta contra la libertad de expresión de periodistas o colectivos de búsqueda, aunque se realizarán adecuaciones para evitar malas interpretaciones, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que la modificación, derivada de la llamada Ley Ingrid, generó preocupación entre la comunidad debido a la supuesta restricción que imponía sobre la libertad de expresión.
“Lo que pretende esta modificación es sancionar a los funcionarios públicos, no a los periodistas, no a los medios de comunicación, por supuesto no a las madres buscadoras, que hagan uso indebido de las imágenes, videos o audios que en cumplimiento de su responsabilidad tienen acceso”, dijo.
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Para evitar interpretaciones que puedan derivar en preocupación por acciones que priven de la libertad de expresión, se ha propuesto una nueva modificación al artículo 167 para precisar que no se trata de una herramienta para coartar la libertad de expresión.
En ese sentido, Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del Estado, afirmó que la reforma al artículo 167 Quater del Código Penal de Sonora se realizó a partir del brutal asesinato de Ingrid, en febrero del 2020 en la Ciudad de México, donde se publicaron las imágenes de los restos de la víctima, generando una gran indignación en la sociedad.
“A partir de eso inició un proceso en el que al día de hoy, en la Cámara de Diputados ya se reformó el artículo 225 y que está en la Cámara de Senadores lo que se denomina como Ley Ingrid, que es una reforma a un artículo del Código Penal. Cinco estados del país ya reformaron sus códigos penales y cuatro adicionales están en proceso”, comentó.
Un renglón del artículo que se reformó en el Congreso del Estado, establece que “al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley”; de tal forma, aseguró Salazar Razo, se busca castigar penalmente a los funcionarios que se encuentran dentro de la cadena en la integración de carpetas de investigación y que comparten videos o imágenes que finalmente terminan en internet.
“Estamos en el análisis para remitir al Congreso las precisiones y puntualizaciones, de tal suerte que no exista ninguna duda o mala interpretación que tergiverse el sentido loable de esta iniciativa que busca que no se re victimice más a las víctimas”, concluyó.
