Además de Aldo “N”, expresidente magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, quien está bajo proceso por presunto enriquecimiento ilícito, durante la actual administración estatal se le ha echado el guante a varios funcionarios o ex funcionarios en lo que va de su administración.
En un somero recuento de los casos ventilados mediáticamente encontramos al menos 12 exfuncionarios sujetos a proceso durante la actual administración estatal.
En México, el 73.8% de las personas mayores de 18 años consideran que los gobiernos estatales son escenario frecuente de actos de corrupción.
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El 16.9% de la población mayor de 18 años de Sonora en particular informó que ha sido víctima de algún acto de corrupción, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2021, del Inegi.
Este mismo estudio muestra que la prevalencia de corrupción experimentada por personas mayores de 18 años se incrementó de 5.1% en 2013 a más de tres veces en el 2021 con una prevalencia de 16.9%.
En cuanto a los casos ventilados en prensa, por ejemplo, el 02 de diciembre de 2022, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora informó que a esa fecha llevaba 28 carpetas de investigación en contra de 26 particulares, 9 notarios públicos, un servidor público y una persona moral relacionados con un fraude inmobiliario que ejecutado a lo largo de diferentes gobiernos y administraciones.
Rogelio López García, fiscal Anticorrupción, explicó entonces que desde su gestión se han ejecutado 4 órdenes de aprehensión a notarios públicos, personas físicas y servidores públicos además de 7 cateos a notarías y domicilios privados, dando como resultado 11 vinculaciones a proceso en el proceso penal por delitos como falsificación de documentos, sello y firmas, fraude, abuso de autoridad y usurpación de identidad.
El 24 de enero de 2023, un funcionario estatal que realizaba actividades administrativas en el Isssteson, en el municipio de Guaymas, fue aprehendido y retirado de su cargo por presentar un título falso, según informó Guillermo Noriega Esparza.
El contralor general de la entidad mencionó que la aprehensión fue por parte de elementos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS), al detectar que sus documentos no eran originales, por lo que también se le inhabilitó, además de abrirle proceso penal.
El 21 de marzo de 2023 se anunció el cese definitivo de 6 funcionarios públicos relacionados con la licitación irregular de los libros de texto para el Cecytes y la renuncia de su titular, quien también estaba bajo investigación.
En este caso se realizaron tres diligencias: una por la Fiscalía General de Justicia del Estado en relación a la presunta falsificación de una firma en un contrato; otra por la FAS por el posible uso de una empresa "fachada" y una más realizada por la Contraloría Sonora, para determinar la cadena de responsabilidades de los diferentes servidores públicos involucrados.
El 26 de junio de 2023, la FAS detuvo a tres exfuncionarios de la Secretaría de Salud de Claudia Pavlovich, acusados de un quebranto por 59 millones de pesos contra la dependencia estatal.
Intentando cruzar a Estados Unidos, fue atrapado el ex administrador de la dependencia estatal Carlos “N” por presunto delito de abuso de autoridad. También fueron detenidos por el mismo caso, Juan "N" y Lizbeth "N", a quienes se les vinculó a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal.
¿Qué sanción se impone al enriquecimiento ilícito?
En el caso más reciente y notorio, el 24 de enero de 2024 fue vinculado a proceso, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, el ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Aldo “N”, quien fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo.
La Fiscalía de Sonora indicó que espera concluya el plazo de investigaciones complementarias, para dar paso a las audiencias correspondientes.
El ex funcionario estatal fue detenido el pasado 18 de enero por agentes de la AMIC y días después se le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar por parte de un Juez de Control.
En relación al delito de enriquecimiento ilícito, el Código Penal de Sonora en su Artículo 192 establece que “incurre en enriquecimiento ilícito, el servidor público que no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
“Es responsable, igualmente, quien haga figurar como suyos, bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma ley, a sabiendas de esta circunstancia.
“Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:
“Decomiso en beneficio del Estado o del Municipio, según corresponda, de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
“Se le aplicará además, prisión de uno a nueve años, multa de veinte a doscientas Unidades de Medida y Actualización y destitución, en su caso, e inhabilitación de uno a nueve años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Casi 800 expedientes
El primero de agosto de 2023, a través de El Sol de Hermosillo se informó que en casi dos años, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) ha concentrado 787 expedientes en trámite de denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Con base a información proporcionada por la propia instancia, se obtuvo que del 13 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023 se han conformado carpetas relacionadas con posibles actos irregulares de ex servidores públicos que han incumplido con su obligación dentro de las dependencias estatales o en alguno de los 72 ayuntamientos.
Los delitos de corrupción más comunes registrados van desde abuso de autoridad e incumplimiento de deber legal, peculado, ejercicio indebido o abandono del servicio público, uso indebido de atribuciones, cohecho, entre otros.
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En el periodo mencionado se han ejecutado 23 órdenes de aprehensión hacia personajes a los que se les relacionó con su presunta participación en actos de corrupción, aunque no se revelaron cantidades que fueron sustraídas o mal utilizadas del erario.
Se ha dado una detención en flagrancia hacia una persona que formó parte del sexenio de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a quien se le inhabilitó por 10 años, además de aplicarle una sanción penal.
También se han concretado 10 sentencias condenatorias y 77 vinculaciones a proceso a ex servidores públicos que laboraron entre 2015 y 2021.
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