El deterioro de los ecosistemas en la región Mar de Cortés y las actividades ilícitas desarrolladas por el crimen organizado están estrechamente relacionados por la presencia de laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas y la ampliación de sus actividades ilícitas de crimen organizado a la pesca ilegal de especies en peligro de extinción.
De acuerdo al estudio Región Mar de Cortés: amenazas sociales y ambientales del crimen organizado, elaborado por Francisco Cuamea, el acuario del mundo, como lo llamó Jaques Cousteau, es escenario de actos criminales que afectan a las comunidades del litoral de al menos cinco estados, incluyendo Sonora.
El investigador, miembro de la Red de Expertos de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), explica en su escrito que durante décadas, los grupos criminales mexicanos mantuvieron el monopolio sobre el mercado de cannabis estadounidense. Sin embargo, desde que en Estados Unidos se inició el proceso de regulación y despenalización de la mariguana, los cárteles diversificaron sus operaciones hacia la producción de drogas sintéticas, el tráfico de especies marinas y el control de mercados pesqueros.
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Esto ha provocado graves consecuencias en la biodiversidad y el tejido social de regiones mexicanas como la del Mar de Cortés conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, donde según la Unesco existen 695 especies botánicas y 891 variedades de peces, de las cuales 90 son endémicas.
Esta región alberga el 39 y el 33% del total mundial de las especies de mamíferos marinos y de cetáceos, respectivamente; una riqueza de flora y fauna única en el mundo que se encuentra en riesgo por la presencia de laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas.
El experto señala que los desechos químicos de estos laboratorios son un peligro tanto para las personas como para el medio ambiente debido a que pueden infiltrarse en cualquiera de los 174 acuíferos de la región y causar daños considerables.
Entre 2012 y 2021 se calcula que los laboratorios de metanfetamina habrían derramado, al menos, 1.6 millones de kilogramos de residuos contaminantes en el territorio que circunda el Mar de Cortés, denuncia el citado estudio Región Mar de Cortés: amenazas sociales y ambientales del crimen organizado.
El análisis indica que los desechos químicos de la producción de la droga son un peligro tanto para las personas como para el medio ambiente. La cifra calculada de residuos derramados por laboratorios clandestinos equivale a casi 2 kilos por cada una de las 2.8 millones de hectáreas de humedales de la región.
Cuamea detalló que los desechos son principalmente combustibles y disolventes como los que se utilizan en el hogar para tareas de limpieza y para el mantenimiento de los automóviles. Estos incluyen la acetona, el ácido de baterías de vehículos, el líquido para frenos, barnices para madera, amoniaco y refrigerantes para aire acondicionado. Los productos usados para la producción de metanfetamina también pueden contener partículas de litio o mercurio, que actúan como catalizadores de las reacciones.
Pesca ilegal
De manera paralela, los grupos del crimen organizado no sólo han aumentado en número sino que también han ampliado su catálogo de actividades, según la investigación auspiciada por The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
Con la estructura, logística, recurso humano, poder de armamento, corrupción, impunidad y propaganda que han acumulado con el paso de los años, sus actividades ilícitas se han ampliado a la pesca ilegal de especies en peligro de extinción, apunta la investigación.
Con ello, el crimen organizado ha comenzado a dejar una huella ambiental y social, acelerando no solo el proceso de desaparición de algunas especies marinas, sino también la integridad de la población de comunidades pesqueras.
“Si quitas la cocaína y pones la langosta, el abulón o el buche de totoaba, que cuesta más que un kilo de cocaína, hoy son actividades rentables que los grupos delictivos ven e incitan a trabajar y comercializar esa parte”, explica José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, entrevistado por el investigador de GI-TOC.
Los grupos criminales se han convertido también en comerciantes ilegales, imponiendo sus precios tanto a los productores pesqueros como a los procesadores del producto. Esto está teniendo consecuencias devastadoras que deterioran la calidad de vida de las comunidades pesqueras, de la industria y de la biodiversidad de la región. Los grupos del crimen organizado, además de llevar a cabo sus actividades ilícitas, buscan monopolizar empresas pesqueras legales a lo largo de toda la cadena de suministro.
En el estudio se cita a Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa Sobre Actores Armados no Estatales del instituto Brookings quien explica que “los grupos del crimen organizado mexicano fijan los precios para la compensación de los pescadores y el pago a los restaurantes por los productos marinos de los cárteles. También obligan a las plantas de procesamiento a procesar los peces que los grupos delictivos traen y cobran tarifas por extorsión a los exportadores de mariscos”. Los grupos delictivos se han apoderado prácticamente de toda la cadena de valor de la industria pesquera en ciertas zonas de Baja California y Baja California Sur.
Propone soluciones
El informe de GI-TOC plantea algunas soluciones para la problemática que amenaza con la integridad de las comunidades y del medioambiente regional.
Las actividades del crimen organizado no pueden seguir considerándose solo con enfoques policiales y punitivos, ya que de esa manera se desatienden sus impactos sociales y ambientales, advierte Francisco Cuamea.
El investigador sinaloense plantea que el daño a la biodiversidad y a los ecosistemas pone en riesgo la supervivencia del ser humano, por lo cual el Gobierno federal y los gobiernos estatales deberían actuar proactivamente, evitando que los delitos ambientales se salgan de control y asegurando la sostenibilidad alimentaria de esta y futuras generaciones.
Propone crear una agenda común y especializada contra la amenaza: Los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora deberían trabajar conjuntamente para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región del Mar de Cortés, dotándola de recursos económicos, científicos, técnicos y humanos.
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Sugiere también detener y revertir el derrame de desechos tóxicos que producen los laboratorios de drogas sintéticas, complementando los operativos policiales con especialistas químico-forenses y protocolos de limpieza y descontaminación.
Una iniciativa importante es proteger con prioridad la integridad de la población de los campos pesqueros de la región del Mar de Cortés que se ven afectados por crecientes problemas de drogadicción.
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