Han pasado 10 años desde el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora que perjudicó al menos a ocho municipios de Sonora y sus habitantes consideran que están peor que cuando inició este desastre ecológico.
Para Martha Patricia Velarde Ortega, residente de la localidad de Baviácora, sus vidas dieron un giro de 180 grados desde esta contingencia ambiental, ya que tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vivir con más gastos e incluso en algunos casos incertidumbre.
Fue el 6 de agosto de 2014 cuando se generó el derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos de lixiviado ácido de la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México, a 8 kilómetros de Cananea, afectando a más de 22 mil pobladores.
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De acuerdo al Gobierno de México, esto se debió a una falla de tubería en la represa Tinaja 2 a consecuencia de un fallo estructural y de acciones de supervisión, eso hizo que la filtración se expandiera por el Río Bacanuchi y después al Río Sonora.
Este hecho derivó en afectaciones en los municipios de Cananea, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, incluso se estima que hasta llegaría a Hermosillo ya que el río Sonora alimenta la presa “El Molinito”.
Velarde Ortega, quién también forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora, un grupo de personas afectadas por el derrame, mencionó que los principales efectos que han notado es el aumento del gasto económico por agua potable.
“En primer lugar está el agua, se ha tenido que invertir, se ha tenido que gastar y no necesariamente en un agua más saludable porque carece de electrolitos, de cosas que nosotros necesitamos. Hay personas que han tenido que elegir entre un garrafón de agua o un kilo de frijoles, esa es la realidad”, expresó.
También dijo que los agricultores han tenido que pagar más por el tiempo del pozo para el riego de sus cultivos debido a que ya no se puede hacer por el método de rodado con el recurso del río en las acequias.
“Esto hace más incosteable la siembra de productos comestibles y ahorita por eso también la mayoría de la gente siembra pura comida para los animales en ese sentido, anteriormente no era así, todavía existen espacios para sembrar comestibles, pero ya no igual a la proporción de antes”, expresó.
Éxodo de pobladores del Río Sonora
La despoblación por la falta de oportunidades también es un efecto que se ha observado en la última década a lo largo de las comunidades de la cuenca del río Sonora, detalló, hay personas que han tenido que dejar sus hogares en busca de una mejor calidad de vida.
Aunado a esto está la desconfianza que existe para hacer paseos al río Sonora como se hacían antes, compartió que no se tiene la misma seguridad que en años anteriores cuando era un punto popular de esparcimiento.
Pero lo que más les preocupa es la cuestión de la salud, expuso que los costos que han tenido que asumir para la atención médica son elevados, ya que los traslados hacia las clínicas para las consultas también incluyen gastos en gasolina debido a que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental (UVEA) en Ures no está funcionando.
“Se queda corto lo que está en el dictamen de Semarnat en cuanto a los costos del derrame, ese dictamen que salió en octubre de 2023, con datos hasta noviembre de 2022, estaba hasta en 20 mil 500 millones de pesos, creo que definitivamente ya se queda corto”
Añadió que “son grandes costos que hemos tenido que asumir porque la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido aceptada ni por conagua ni por IMSS Bienestar, entonces no nos dan atención a la salud que requerimos”.
Todavía hay contaminación en el Río Sonora
Además de esto, Martha Patricia resaltó que en junio acudieron a Ciudad de México para dar seguimiento al caso y accedieron a un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) donde se analiza el desplazamiento de los metales pesados a lo largo de la cuenca que exhibe que todavía hay contaminación a 10 años del derrame.
“El estudio se hizo de extremo a extremo, para ver cómo se comportan (los metales) de Arizpe, Banámichi y Ures, ahí podemos ver como siguen persistiendo y también sabemos las forma en que se introducen al cuerpo por inhalación, contacto y por beberlo”, reiteró la residente de Baviácora.
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Debido a esta situación y a los nuevos retos que han tenido que enfrentar a lo largo de los últimos 10 años, opinó que el resarcimiento no ha tenido avances significativos para los pobladores afectados, como fue la instalación de plantas potabilizadoras, que solo funcionan dos.
“Antes no teníamos metales en el cuerpo, no teníamos las enfermedades que tenemos, no estábamos obligados a comprar agua de garrafón, nos gusta vivir aquí, la gente que se ha ido tenía oportunidades de trabajar aquí y ahora no las tiene, nos cambió 180 grados la vida, definitivamente la situación actual es peor que al principio”, concluyó la habitante del Río Sonora.
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