La pena de muerte es conocida en México y otros países como “pena capital”, reservada para quienes cometieron delitos crueles como asesinatos, principalmente, lo cual ya está abolida en esta nación, pero ¿Podría regresar como propuesta de algún gobernante?
En el Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, México; Célida López Cárdenas, mencionó que los narcotraficantes y las personas que intoxican a la juventud deberían ser fusilados.
Esto fue el 16 de septiembre, fecha en la que los alcaldes de los 72 municipios de Sonora, están obligados constitucionalmente a rendir su informe; y ahí López Cárdenas dijo entre otras cosas, lo siguiente:
“A los narcotraficantes se les debe fusilar en este País, como también sucede en otros países del mundo, no necesitamos solamente más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de la ciudad a todos y cada uno de los hombres que se levantan con un arma en la mano y han sido capaces de asesinar a un menor de edad”, sentenció.
Sin embargo, esto es precedido por la violencia que se vive no sólo en la capital del Estado, sino en todo México y el resto del mundo; pero de nueva cuenta, existe una pregunta ¿Esto es posible en Sonora o en un municipio de la entidad?
De ninguna manera se trata de desacreditar o estar a favor, simplemente es un ejercicio para ver qué pasaría.
Movimientos antipena de muerte
Primero hay que aclarar que hay un movimiento a nivel mundial, del cual forma parte México, para abolir la pena de muerte a nivel mundial. Lo primordial son las personas inocentes que no se les ha brindado derecho de representación, es decir un abogado competente, a lo que estará dedicado este 10 de octubre.
La historia de los movimientos antipena capital
El 22 de junio de 2001, los participantes al primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que comenzó la asociación francesa “Juntos contra la Pena de Muerte”, aprobaron la Declaración de Estrasburgo, en el Salón del Consejo de Europa. Pero no fue hasta el 2003 que fue aprobado en la declaratoria por una coalición mundial, que el 10 de octubre fuera declarado como el Día Mundial contra la Pena de Muerte.
Cada año se dedica a un tema legal distinto, en este 2020 será “Al derecho a la representación legal de las personas que pudieran ser condenadas a muerte”.
Una vez acotado el contexto, se puede hablar de la última pena capital que tuvo Sonora, la cual ocurrió contra dos hombres que fueron fusilados en Hermosillo, Sonora, luego de en hechos diferentes y municipios diferentes, violar y matar a niñas, según los registros históricos.
Las últimas en Sonora
El cronista de Hermosillo e historiador sonorense, Ignacio Lagarda Lagarda, documentó y recapituló esos hechos, que se vivieron en dos historias trágicas que terminaron curiosamente no sólo con la pena capital, sino que el método fue el fusilamiento.
En 1950 encontraron rurales indígenas el cuerpo de una niña de no más de cinco años, en los remansos del Río Yaqui, en Vícam, Guaymas, aguas abajo. Lo que dio inicio a una historia llena de indignación y coraje, que ha trascendido el tiempo.
El cuerpo que tenía signos de violencia correspondía a Ernestina Leyva Cajeme, de cuatro años de edad, menor de origen indígena. Este hallazgo indignó a toda la sociedad, quienes una vez descubierto el posible culpable, exigieron la pena máxima.
El detenido era José Rosario Don Juan Zamarripa, originario de Tierras Nuevas, San Luis Potosí, un cabo del 18vo. Regimiento de Caballería acantonado en Esperanza, Sonora; sí era militar.
En un principio Zamarripa negó los hechos, pero al ser encarado por el padre de la víctima, quien no lo descubrió durante los hechos, pero sí cuando regresó por una gorra que se le había caído en la lucha por llevarse a la infante, se le cayó en el lugar. No le quedó más que aceptar sus actos y tras una serie de recursos legales, fue trasladado a la antigua penitenciaría de Hermosillo, donde esperaría su ejecución.
Su compañero de pena capital
Cinco años después, en Hermosillo, Sonora, sucedió otro crimen que horrorizó a la sociedad. Esta vez se trataba de una niña de origen humilde que vendía tomates en las calles de la capital sonorense.
Se trataba de María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, de seis años de edad, quien había salido a sus ventas diarias junto con su hermanito José, mismo que declaró que esa tarde-noche se les acercó un hombre que le propuso una propina de 15 centavos por comprarle cigarrillos, tiempo suficiente para cometer su fechoría.
Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Nuevo León y 5 de Mayo, de la colonia 5 de Mayo; el culpable señalado por testigos y después confeso, se trataba de Francisco Ruiz Corrales, quien con engaños de una posible compra y que le pagaría en su domicilio en la colonia Pitic, se llevó a la niña a final de cuentas a rastras a un predio en la colonia Country Club, donde la violó y asesinó, para después abandonar el cuerpecito.
Por este acto fue declarado culpable, dado los indicios, testigos del inicio del acto y su propia confesión, por lo que también le fue dictada la pena de muerte.
El destino de los sátiros asesinos
Ambos fueron confinados en la antigua penitenciaría de Hermosillo, postrada al pie del Cerro de la Campana, donde el 18 de junio de 1957 se llevó a cabo el último acto de este tipo en Sonora; frente alrededor de 70 reos que habían cometido delitos semejantes, se enfrentaron a su destino.
Según testigos de los hechos, los hombres se encomendaron a Dios y pidieron perdón por sus actos, los cuales cabe señalar, no eran los únicos crímenes, pero sí los más graves.
Fueron puestos en el paredón de fusilamiento donde siete agentes municipales y su oficial al mando, se sortearon rifles con balas de salva y de plomo, para que fuera la suerte la que no les permitiera tener remordimientos, y a las 05:05 horas, los sátiros dejaron de existir.
¿Podría volver la pena capital a Sonora?
La historia que bien recopiló Ignacio Lagarda, es impresionante y muy bien detallada, lo que presentamos es sólo un resumen de todos los actos despiadados que ocurrieron. Sin embargo, queda la duda ante lo declarado por la alcaldesa de si podría volver este castigo ejemplar.
Héctor Pérez Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, precisó en su opinión que lo declarado por la alcaldesa de Hermosillo, no debería ser tomado como una petición real de que vuelva la pena de muerte al pedir que fusilen a narcotraficantes que envenenan la juventud, sino como una llamada de ayuda a las fuerzas estatales y federales.
“Creo que ese comentario lo debemos de ver por el lado positivo, no como una expresión literal, porque la pena de muerte hace mucho que está proscrita ya, pero sí es un llamado de la preocupación, del costal que viene cargando sobre este grandísimo problema”, comentó.
Pero en concreto, sobre si podría o volver no la pena de muerte, apuntó que es muy complicado porque hay leyes nacionales y tratados internacionales de los que forma parte México y por ende Sonora, así que Hermosillo no podría tener este castigo máximo.
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“Yo realmente sí creo que más que todo era un llamado urgente, un llamado desesperado, un grito de ayuda, de auxilio, ante una situación tan difícil que se está viviendo y que, sin tener competencia, el Ayuntamiento la está enfrentando”, puntualizó.
La pena de muerte puede resultar una especie de bálsamo para las familias que han sufrido una desgracia a manos de personas sin escrúpulos, sin embargo, hay leyes que se deben respetar.