Una reforma al Sistema de Pensiones que de verdad sería un acto de justicia para los trabajadores es que la pensión mínima garantizada fuera por el monto de dos salarios mínimos mensuales, es decir, unos 15 mil pesos.

Asimismo sería de gran beneficio para los trabajadores que se establecieran estrategias para garantizar mejores rendimientos para los ahorradores de las Afores que ponen su dinero en manos privadas por mucho tiempo.

Ciro Montalvo Corral, economista, especialista en temas de pensiones y jubilaciones señaló que es entendible la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha puesto sobre la mesa una contrarreforma al sistema de pensiones vigente en México con el que pretende que los trabajadores puedan acceder a una pensión del 100% de su último salario.

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Y aunque hasta ahora no se han revelado detalles de la propuesta oficial en cuanto a si se mantendría el actual Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que es administrado por las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) o cuál será la fuente de sus recursos, Montalvo Corral destaca que nadie en su sano juicio podría negarse a una propuesta para beneficiar a los más de 4 millones de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 de Inegi, en Sonora residen 358 mil 404 personas adultas mayores, de las cuales el 52.5% son mujeres y el 47.5% son hombres. Actualmente representan el 12.17% de la población total, y se estima que dicha proporción se incrementará al 14.9% para el año 2030

¿Qué habría que cambiar?

Si hay algo que cambiar, puntualizó el especialista, una de las cuestiones estructuralmente críticas, determinantes para que un trabajador se vaya con una buena pensión digna es que la base de cotización, o sea los sueldo sobre los que se cotiza, y los porcentajes que se cotizan sobre ese sueldo sean realmente significativos.

No hay que olvidar que se acaba de hacer un ajuste para que las cuotas obrero patronales pasen del 6.5 al 15% de aquí a 10 años, después del 2031 y es necesario que los sueldos sobre lo que se van a cobrar las cotizaciones fueran por lo menos de dos salarios mínimos.

“Y esto significará que los futuros pensionados pudieran aspirar a una tasa de reemplazo del 100% equivalente a dos salarios mínimos de cotización, que actualmente son aproximadamente 15 mil pesos”, detalló.

“Ese sería un avance en la justicia para los pensionados y jubilados del futuro que sería decisiva, que el premio fuera relevante y digno”, abundó.

Una cuestión importante -consideró- es que el régimen de pensión tipo Afore sí requiere algunas revisiones y ajustes porque las comisiones que se cubren se ha reducido paulatinamente para colocarse en el 0.5% del saldo de la cuenta del trabajador, sin embargo hay mucho que hacer por el lado de los rendimientos que le dan a los trabajadores por dejar tanto tiempo su dinero en manos de las administradoras.

“Ahí debería haber criterios de multiplicación de los fondos para que se pudieran pagar mejores tasas de rendimientos de los trabajadores”.

Antecedentes

Cabe recordar que en 1995 se hizo una reforma muy profunda al sistema de pensiones mexicano, reformando la Ley del Seguro Social y se creó un régimen de cuentas individuales, que es radicalmente distinto al régimen solidario de reparto, que nació en 1963 y donde el que pagaba las pensiones era el Seguro Social, con recursos federales, con patrimonio del Seguro Social y con las aportaciones de los trabajadores.

Ese régimen (el de 1963) se cerró en 1997, con la creación del Sistema de Afores, que son las encargadas de administrar el fondo para el retiro que generan los trabajadores, aunque hay una generación de transición, que inició su vida laboral antes de 1997 que todavía puede cobrar su pensión con la vieja ley.

Las administradoras privadas, conocidas como Afores, son las encargadas de estimar el monto de la pensión de retiro del trabajador, una vez cumplidos los 65 años de edad, de acuerdo al número de semanas cotizadas a la fecha que exija la ley.

Esta ley sufrió una modificación en 2022, donde se redujo el número de semanas cotizadas obligatorias que pasó de mil 200 semanas a 750 semanas, con el objetivo de que muchos trabajadores que no lograban las semanas cotizadas, pudieran acceder a una pensión mínima, explicó Montalvo Corral.

“La diferencia principal de un sistema como el reparto solidario es que la pensión la pagaba el Seguro Social y ahora en el sistema de Afores, el trabajador es dueño de su dinero, de su cuenta, de su fondo, que es administrado por una empresa privada”, añadió.

La argumentación del gobierno de Zedillo para hacer la reforma de 1995 -recordó- era que el sistema de pensiones estaba generando pasivos fiscales muy altos para el Estado y causaba una serie de impactos negativos en el retiro de los trabajadores, que limitaba mucho las cuantías de las pensiones, ocasionando que fueran pensiones no dignas, que no podían ser modificadas porque estaban atadas a un salario mínimo por la ley.

Los argumentos

Una de las cuestiones sobre la mesa actualmente es que el actual sistema mexicano de pensiones no garantiza una tasa de reemplazo del 100% y el argumento para buscar una reforma es garantizar que se pague una pensión equivalente al 100% del último salario del trabajador.

“Es un argumento, desde el punto de vista político, legítimo. Me parece que nadie podría estar en contra de eso”.

Lo que hay que señalar —dijo— es que la ley actual, que creó las Afores en 1997, ya especifica, y fue resultado de una reforma constitucional, que en este país, ningún trabajador se puede retirar, al menos en el sector privado, con una pensión menor a un salario mínimo, es decir, con menos de 7 mil 400 pesos mensuales en 2024, que es la pensión mínima garantizada, equivalente a un salario mínimo vigente en la Ciudad de México.

La ventaja de la ley actual sobre el sistema anterior —indicó— es que el trabajador dispone de sus renta, de su fondo ahorrado en toda su vida laboral, es de su propiedad, es un sistema más flexible donde el trabajador decide cuánto tiempo trabaja, cuánto tiempo cotiza, y la ley, al final le entregará una pensión y si no es así le entregan sus fondos y además al ser su dinero, puede disponer de él en caso de desempleo y en caso de matrimonio.

¿Cómo anda el SAR?

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cerró el 2023 con ganancias para los fondos de ahorro de los trabajadores por el orden de 464 mil 068 millones de pesos y acumuló más de 3 billones de pesos de rendimientos, según datos de la Consar.

La rentabilidad nominal a un año se encuentra en 9.08% y en términos reales en 4.61% en el mismo periodo. Mientras que los rendimientos nominales históricos fueron de 10.48% en promedio anual y 4.71% en términos reales, en otras palabras, los fondos de los trabajadores están ganando dinero.

Los 3 billones de rendimiento son equivalentes a 51.46% de los activos administrados por las Afores, es decir, que más de la mitad de los recursos en el SAR son resultado de la buena gestión de los recursos durante la historia del Sistema.

De igual manera las Afores consolidaron su posición como los principales inversionistas institucionales, ya que administran el 32% del ahorro financiero del país y el plazo promedio de las carteras alcanzó 10.5 años.

De acuerdo a información oficial de este organismo autónomo, la reforma de pensiones del IMSS de 2020 permitió que 72 mil 400 trabajadores recibieran una pensión con una tasa de reemplazo promedio de 72%, por encima del 50% que argumentan quienes quieren la reforma.

Con la Portabilidad de Derechos IMSS e Issste se materializó el derecho de 900 trabajadores a sumar sus semanas de cotización y recursos en ambos institutos y además se realizaron modificaciones normativas para mejorar los servicios y la atención a los trabajadores.

¿Qué sería lamentable?

Toda argumentación en torno a una reforma como la que se plantea tiene en perspectiva el riesgo de que el Gobierno tenga la tentación de echar guante o apoderarse de los fondos de los trabajadores que en estos momentos son cuantiosos, casi 6 billones (6 millones de millones) de pesos, pero hay que notar que estos recursos ya los utiliza el Gobierno para financiarse, a través de deuda pública interna, alrededor de 3.8 billones de pesos le debe el Gobierno federal a los trabajadores que usa para apalancar sus gastos y financiar su deuda interna, explicó.

“Sería realmente lamentable, desde el punto de vista financiero y de la cantidad de inconvenientes que podrían generar una crisis financiera en el país por confiscar o intervenir recursos tan cuantiosos del sistema financiero, propiedad de los trabajadores. Creo que el Gobierno federal no está en condiciones de hacer una cosa así”, confió.

En el contexto mundial

Hubo una ola de reformas en América Latina por recomendaciones del Banco Mundial y el primer sistema que se cambió fue Chile que luego fue replicado en toda América Latina y fue el mismo que adoptamos en México.

En Estados Unidos el régimen de pensiones es privado y está mezclado con una renta vitalicia que es pagada por el Gobierno, al igual que el sistema canadiense. Son sistemas universales de cobertura en seguridad social, donde se pagan pensiones estatales y pensiones del sistema privado, es decir los trabajadores obtienen dinero para su retiro de los bancos y una pensión del Estado.

En Europa, —comentó Montalvo Corral— los países nórdicos, los ejemplos a seguir, tienen sistemas muy consolidados que conservan cierta lógica del control del Estado que mezcla tanto recursos públicos como privados para cubrir este derecho de los ciudadanos.

“Una de las cuestiones muy importantes que hay que señalar es que los sistemas de retiro y de pensiones, tanto europeos como norteamericanos, tienen criterios de retiro generales muy altos, por ejemplo en Estados Unidos de retiro ya anda en 68 años obligatorios; los alemanes andan en 67 años de edad obligatoria”, detalló.

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La edad de retiro se ha ido incrementado por motivos etnográficos y se ajustan para cada generación. Esto debiera ser una necesidad en México, para homologar más de 100 sistema de seguridad social, entre estatales, de la universidades públicas, de la Sedena, de Pemex, de CFE, de los maestros, donde las edades de retiro son muy distintas. Hay algunas universidades que tienen edad de retiro de 50 años.

Esta gran diversidad dificulta tener un sistema nacional de pensiones. Homologar en todos los sistemas la edad obligatoria de retiro sería positivo para mejorar la eficiencia actual.

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